miércoles, 17 de diciembre de 2025

EL NARCOTERRORISTA OCTAVIO LEAL MONCADA

El Dueño de las Sombras: El Ascenso de la Columna Armada


Octavio Leal Moncada es mucho más que el líder de un grupo armado; él es el reflejo de una época fracturada. Su vida es el resultado de años de violencia y de un Estado que, en muchas regiones de Tamaulipas, simplemente dejó de existir. Su trayectoria es una metamorfosis asombrosa: comenzó como un hombre condenado por narcotráfico, evolucionó hasta presentarse como el guía de un movimiento de "autodefensa" y, finalmente, fue identificado como un operador clave del Cártel del Golfo.

​Un Estado dentro del Estado

​Lo que comenzó como una supuesta protección comunitaria se convirtió en un poder absoluto. La organización de Leal Moncada, conocida como la Columna Armada, dejó de ser solo un grupo de vigilancia para transformarse en el verdadero gobierno de facto en varios municipios.

​En estas tierras, la democracia es una fachada: se dice que los empleados municipales no responden a los alcaldes, sino directamente a las órdenes de Leal Moncada y de su hija, Nohemí Estrella Leal. Ella misma personifica esta unión entre el crimen y la ley, habiendo ocupado un asiento como diputada local, convirtiéndose en el brazo político que legitima las acciones del grupo.

​El Camaleón Político: Aliados en todo el espectro

​La verdadera astucia de Leal Moncada reside en su falta de ideología fija; su única bandera es el control. Como un camaleón, ha sabido cambiar de color político según le convenga:

  • El ciclo del PAN (2016): Durante la campaña de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la Columna volcó su estructura para apoyarlo, celebrando mítines y actos conjuntos que quedaron grabados en la memoria pública.
  • El giro hacia Morena (2021-2022): Con la llegada de Américo Villarreal Anaya, el grupo cambió de bando estratégicamente. Los resultados fueron contundentes: en su zona de influencia, Villarreal obtuvo un aplastante 87% de los votos.

​Un Poder por encima de la Ley

​Bajo el gobierno actual presidido por Américo y lla real Anaya, la influencia de Leal Moncada ha alcanzado niveles sin precedentes. No se trata solo de apoyo electoral; se trata de un control operativo total. Hoy en día, se afirma que sus hilos mueven a las policías locales, a la Guardia Estatal y a la propia Fiscalía General de Justicia. Incluso el Poder Judicial parece detenerse ante él.

​Esta protección política ha levantado un muro de impunidad. Mientras las autoridades de Estados Unidos lo clasifican como parte de un grupo narcoterrorista y reclaman su captura por delincuencia organizada, en su tierra, las órdenes de aprehensión se quedan guardadas en un cajón. Su historia es, en última instancia, el recordatorio de los hilos invisibles y sangrientos que entretejen el crimen y la política en México, donde el poder no se gana solo en las urnas, sino en el control absoluto del territorio.



martes, 16 de diciembre de 2025

FUE UN CRIMEN DE ESTADO

MÉXICO CONDENADO POR LA CORTE IDH: EL ESTADO —Y EL EJÉRCITO— RESPONSABLES DE LA TORTURA SEXUAL Y MUERTE DE ERNESTINA ASCENCIO ROSARIO


San José, Costa Rica / Ciudad de México — En una sentencia histórica emitida este 16 de diciembre de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha declarado formalmente al Estado mexicano responsable internacional por la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años, ocurrida en febrero de 2007 en Veracruz.

Pero lo que la sentencia deja en evidencia —con una claridad contundente— es que los agresores no fueron civiles, ni delincuentes, ni actores no estatales. Fueron miembros del Ejército mexicano.

 🔍 Hechos clave acreditados por la Corte:

- El 25 de febrero de 2007, la señora Ernestina fue violada sexualmente por integrantes del Ejército mexicano en su comunidad de Tetlalzinga, Sierra Zongolica, Veracruz.  

- El ataque ocurrió un día después de que el Estado instalara un campamento militar cerca de su vivienda, como parte de la estrategia de “lucha contra el narcotráfico” lanzada en 2006.  

- La Corte estableció que la violación constituyó un acto de tortura: fue intencional, causó sufrimientos físicos y mentales severos, y tuvo como propósito intimidar, degradar, humillar y controlar a la víctima.

“La violación sexual sufrida por la señora Ernestina constituyó un acto de tortura”  

> — Corte IDH, Sentencia *Ascencio Rosario y otros Vs. México*, 16.12.2025

Negligencia letal: El Estado la dejó morir

Tras la agresión, la familia trasladó a Ernestina durante 10 horas en busca de atención médica. Fue internada en el **Hospital Regional de Río Blanco, donde falleció a las 6:30 horas del 26 de febrero, antes de ser operada.

La CIDH determinó que el Estado violó su deber de garantizar atención médica oportuna, accesible y culturalmente adecuada.  

Y subrayó un hecho inaceptable:  

➡️ El hospital no contaba con intérpretes de náhuatl, por lo que Ernestina —monolingüe— no pudo comunicarse con el personal médico.  

➡️ Nadie la escuchó. Nadie la entendió. Nadie la salvó.

🕵️‍♂️ Una investigación diseñada para encubrir

La investigación ministerial fue calificada por la Corte como prematura, sesgada y profundamente discriminatoria:

- No cumplió con el estándar de debida diligencia reforzada exigido en casos de violencia sexual contra mujeres.

- Careció de perspectiva de género, étnica y etaria.

- Se basó en estereotipos étnicos, de edad y de género.

- Fue replicada y legitimada desde lo más alto del poder:  

 Altas autoridades del gobierno mexicano, incluido el entonces Presidente de la República, contribuyeron a crear un ambiente de descreimiento hacia las declaraciones de la señora Ascencio Rosario y sus familiares.

Es decir: el Estado no solo falló en protegerla —acusó, desacreditó y culpó a la víctima.

🏛️ Violaciones declaradas por la Corte IDH:

México fue hallado responsable por violar, en perjuicio de Ernestina Ascencio Rosario, los siguientes derechos:

- Vida(Art. 4 CADH)  

- Integridad personal (Art. 5 CADH)  

- Honra y dignidad (Art. 11)  

- Garantías judiciales (Art. 8)  

- Igualdad ante la ley (Art. 24)  

- Protección judicial (Art. 25)  

- Salud (Art. 26)  

- Convención de Belém do Pará** (violencia contra la mujer)  

-Convención Interamericana contra la Tortura

Y en perjuicio de sus cuatro hijos e hijas, también se violaron sus derechos a la integridad, justicia, igualdad y verdad—tras sufrir intimidación, presión y barreras por ser indígenas monolingües.

📜 Medidas ordenadas: El Estado debe reparar lo irreparable

La CIDH ordenó al Estado mexicano:

✅ Reabrir e impulsar una investigación penal seria y exhaustiva para identificar, procesar y sancionar a los responsables militares.  

✅ Brindar atención médica y psicológica especializada y permanente a los familiares.  

✅ Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.  

✅ Crear un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para salud y justicia —una exigencia no simbólica, sino vital.  

✅ Fortalecer el Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa.  

✅ Capacitar a funcionarios públicos en **perspectiva de género, interculturalidad y derechos de personas mayores**.

Una sentencia no es solo un fallo —es una advertencia

La muerte de Ernestina Ascencio Rosario no fue un “caso aislado”. Fue el resultado de una política de militarización con rostro racista y misógino.

El Estado desplegó soldados en territorios indígenas sin protocolos de protección, sin intérpretes, sin rendición de cuentas —y cuando abusaron, lo negó, lo encubrió, lo justificó.

Hoy, 18 años después, la CIDH ha dicho lo que la familia supo desde el primer día:  

No fue un accidente. No fue “causa natural”. Fue un crimen de Estado.

Y si el Estado no cumple las medidas ordenadas, esta sentencia será no solo un precedente…  

Será una prueba más de su impunidad.


📎 Enlaces de interés:

📄 Texto íntegro de la Sentencia Ascencio Rosario y otros Vs. México (https://www.corteidh.or.cr)  

🎬 [Video resumen oficial (próximamente disponible en YouTube @CorteIDH)](https://www.youtube.com/@CorteIDH)

#ErnestinaNoFueUnAccidente

#CIDHCondenaAMéxico

#JusticiaParaErnestina

#EjércitoResponsable

domingo, 14 de diciembre de 2025

Usan Ambulancia para Entregar Víctimas Heridas a la Columna Armada

  • CRIMEN DE ESTADO: Policías de la secretaría de seguridad pública de Tamaulipas y Protección Civil  Entregó Pobladores de Buenavista Directo a los Asesinos

POR: Néstor Troncoso 

19 de abril de 2020. El ejido Buenavista amaneció sitiado. No era una metáfora: toda una comunidad estaba secuestrada. La entonces diputada Noemí Estrella Leal lo dijo ante un noticiero nacional con una frialdad que aún estremece: “los tenemos encapsulados”.  

Los disparos eran constantes. Cualquier movimiento, cualquier silueta que se asomara en las inmediaciones era blanco de las balas que provenían de “la casona”, propiedad del líder criminal Octavio Leal Moncada.  

Ese día, Francisco Alberto Betancourt Torres salió. Tal vez por necesidad, tal vez por un descuido. Una bala le atravesó el brazo, destrozando hueso y carne. Desde las 9:15 de la mañana comenzaron las llamadas al 911. La comunidad imploraba una ambulancia. Como tantas veces, las autoridades escucharon… pero no atendieron. La noticia, sin embargo, trascendió más allá de Buenavista y del municipio de Hidalgo. El eco de un herido sin atención médica llegó a nivel nacional.  

A las 11:30, finalmente, una ambulancia escoltada por dos patrullas estatales entró al ejido. El paramédico hizo lo posible: vendajes, maniobras de urgencia. Francisco fue colocado en una camilla. Lo acompañaban su esposa Nuri Álvaro Rivera, su hermana Marisol Betancourt Torres y El pequeño Pepe, su hijo de apenas seis años.  

La ambulancia avanzó hacia Hidalgo, a un kilómetro de distancia. De pronto, nuevos disparos. Los habitantes, aún cautivos, llamaban desesperados para saber qué ocurría. El desenlace fue brutal: las patrullas abandonaron la ambulancia y el grupo criminal la interceptó.  

Marisol fue ejecutada al intentar descender; su cuerpo quedó colgando de la puerta. Nuria cayó al instante de pisar el suelo, intentando proteger a su esposo. El niño, inmóvil dentro de la ambulancia, presenció cómo masacraban a su familia. Con voz temblorosa movió a su tía: “¿Tía, todavía estás viva?”. El cuerpo inerte cayó bajo la ambulancia.  

El horror no terminó allí. El menor fue golpeado y bajado de la unidad. Noemí Estrella Leal apareció en el lugar, arrebató teléfonos y, con desprecio, lo empujó: “Hazte a un lado, mocoso”. El niño sangraba, sin comprender nada.  

En una camioneta negra lo subieron junto a su padre, aún con vida. Ante Octavio Leal Moncada, Humberto fue torturado. El niño vio cómo le mutilaban el brazo. Lo último que escuchó fue la orden del líder criminal: “Llévense a este escuincle y denlo en adopción”.  

El pequeño fue trasladado al hospital de Hidalgo, cubierto de sangre propia y ajena. Después, entregado sin documentos ni cuidado alguno a autoridades que lo “aventaron” hacia un familiar en Ciudad Victoria. Literal y simbólicamente, lo lanzaron a la nada.  

Mientras tanto, la comunidad de Buenavista permaneció secuestrada hasta diciembre de 2021. El “rescate” fue parcial, improvisado, marcado tanto por gestos humanitarios como por conveniencias políticas. Como al hijo de Humberto, los sobrevivientes fueron abandonados.  

Hoy, diciembre de 2025, el niño vive con el trauma intacto. Nunca recibió apoyo del Estado mexicano. El hecho ha sido ocultado. Los habitantes de Buenavista, supuestamente “rescatados”, son tratados como estorbo, a veces peor que delincuentes.  

La deuda del Estado con ellos es inmensa. Sin embargo, los políticos siguen posando sonrientes junto a los criminales, en fotografías oficiales. No importan las órdenes de aprehensión, no importan los crímenes atroces: el gobernador de Tamaulipas aparece orgulloso, codo a codo con quienes sembraron el terror en Buenavista.  

A veces, el país se revela en los ojos de un niño.  

No en sus juegos, sino en su espanto.  

No en su risa, sino en la sangre que no sabe si es suya.  

Aquel día, la ambulancia no fue salvación,  fue altar de sacrificio y él, pequeño testigo,  miró cómo la vida se deshacía en las manos de quienes debían protegerla.  

No lloró.  

No gritó.  

Sólo preguntó si su tía aún respiraba,  como quien busca en la muerte una última caricia.  

El Estado lo abandonó dos veces: cuando permitió la masacre y cuando fingió que no había pasado.  

Hoy camina con la memoria tatuada en el cuerpo,  con la infancia hecha esquirla,  con el silencio como único refugio.  

Pero su testimonio no se borra, está en cada sombra que proyecta la ambulancia detenida, en cada manta blanca que el viento agita, en cada fotografía donde los criminales sonríen junto a los gobernantes.  

Este niño no es sólo víctima: Es testigo, es verdad.  Es la herida que aún sangra en el rostro de México.

LA TRAICIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL ESTADO. 

Aproximadamente a las 9:00 de la mañana un impacto de bala causó la herida de Francisco Alberto, desde el primer instante se realizaron llamadas a las diferentes autoridades para que pudiera recibir los primeros auxilios y fuera trasladado a un hospital 

💔 La Indignidad del Auxilio

Eran aproximadamente las 11:20 de la mañana cuando la ayuda médica finalmente llegó, pero lo que debería haber sido un alivio se convirtió en una nueva afrenta.

El encargado de la ambulancia, cuyo deber era socorrer, se dirigió a las víctimas secuestradas en el ejido Buenavista con una actitud de absoluto desprecio y palabras profundamente despectivas. En lugar de brindar la atención humanitaria que desesperadamente se requería, interactuó con los ciudadanos heridos como si fueran una molestia, no personas.

Este servicio no fue "auxilio"; fue un acto de crueldad e indignidad que se sumó al dolor. Quien supuestamente venía a atender al herido, lo que hizo fue herir aún más la esperanza y la dignidad de cada persona.

🛑 La Traición Bajo el Uniforme

El Director de Protección Civil de Hidalgo, Tamaulipas, C. Miguel Ángel Villanueva Castro, llegó al ejido, escoltado por dos patrullas, símbolos vacíos de la protección que se esperaba.

Consciente de la gravedad de la situación, él mismo prestó los primeros auxilios. Un acto que, en cualquier otra circunstancia, sería heroico. Pero esta ayuda fue una farsa cruel.

Porque este servidor público no estaba allí para salvar. En un acto de complicidad inaceptable, sabía perfectamente cuál era el destino final de las víctimas: subirlas a la misma ambulancia para ser entregadas directamente al grupo de asesinos de la columna armada.

La persona que debía protegerles se convirtió en el eslabón final de su pesadilla.

Este no es un error, es una traición profunda a la confianza ciudadana y a su juramento de servicio. Es la prueba de que el dolor de los ciudadanos fue utilizado como moneda de cambio.


📢 El Legado de la Indignidad y la Traición
Hemos sido testigos de un panorama que rompe el alma y destroza la confianza en quienes juraron protegernos. Lo que sucedió en el ejido Buenavista no es solo un relato de secuestro; es la historia de una doble condena.
A las 11:20 de la mañana, cuando la esperanza se aferraba al sonido de la ambulancia, el auxilio no trajo alivio, sino una nueva dosis de dolor. Vimos cómo el encargado médico interactuó con las víctimas con un desprecio inhumano y palabras despectivas. Quien debía sanar, hirió la dignidad.
Pero el clímax de esta pesadilla recae sobre la figura que portaba el uniforme de la ley. El Director de Protección Civil, C. Miguel Ángel Villanueva Castro, llegó escoltado, prestando "primeros auxilios" que eran la antesala de la tragedia.
Su acto de servicio fue una mentira despiadada. Él no estaba allí para rescatar. Él estaba allí para entregar.
Consciente de su destino, este servidor público subió a los heridos a la misma ambulancia para depositarlos, como si fueran mercancía, en manos del grupo de asesinos de la columna armada.

Deténgase un momento y sienta la profundidad de esta traición.
Esta es la verdad incómoda que debemos enfrentar: en un momento de desesperación absoluta, la propia autoridad se convirtió en el eslabón final de la cadena de dolor. El dolor de nuestros ciudadanos fue utilizado y canjeado por el silencio y la complicidad.
Esta historia no puede ser olvidada. Es un recordatorio doloroso de que la indiferencia y la traición oficial son tan letales como la violencia misma.

Exigimos justicia. Exigimos dignidad. Exigimos un cambio radical para que la protección nunca más sea una farsa y el auxilio nunca más sea un acto de desprecio.





sábado, 13 de diciembre de 2025

EL POLICÍA QUE TRAFICABA CON MIGRANTES

Guadalupe Concepción Pineda Soto: del uniforme al narcoestado.  

La doble vida del excomandante que traficaba migrantes bajo el manto de la “seguridad pública” Propietario de una colección de automóviles y camionetas, varios casas en los alrededores de Ciudad Victoria y de algunos negocios en la pesca y la ciudad de Matamoros. 

               Ciudad Victoria, Tamaulipas

UNA FIESTA QUE TERMINÓ EN UN ACCIDENTE, ALERTÓ A LAS AUTORIDADES. 

El 8 de julio de 2023, el entonces comandante de la Policía Estatal de Tamaulipas, Guadalupe Concepción Pineda Soto, no fue detenido por su participación en una red de tráfico de personas.  

No fue detenido por secuestrar migrantes.  

No fue detenido por acopiar armas para La Columna Armada  

Fue detenido… porque se estrelló ebrio en una camioneta GMC de lujo.

Sí: el accidente —materialmente menor, pero políticamente revelador— fue lo único que logró perforar años de simulación estatal. Mientras Pineda Soto agonizaba en el Hospital Civil de Ciudad Victoria, las autoridades federales, que *ya tenían una orden de aprehensión federal en su contra desde hacía meses*, aprovecharon la oportunidad para, finalmente, hacerla efectiva.

Hoy, Pineda Soto enfrenta cargos por delincuencia organizada, tráfico de personas, secuestro y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército**. Pero no olvidemos quiénes son las verdaderas víctimas: hombres, mujeres y niños en tránsito —muchos menores no acompañados— que fueron capturados, extorsionados, vendidos o entregados a cárteles bajo la vigilancia cómplice del propio Estado… encabezada por un comandante con placa y rango.

No se trata de un “mal policía”. Se trata de un síntoma estructural: ¿cómo llegó Pineda Soto a comandante? ¿Quién lo ascendió? ¿Quién le asignó rutas, operativos y patrullas en zonas clave de flujo migratorio? ¿Qué informes se ignoraron? ¿Qué denuncias se archivaron?

Y más grave aún: ¿por qué la orden de aprehensión no se ejecutó hasta que el sujeto estaba inconsciente en una camilla?

Este caso no es un hecho aislado; es un ejemplo de la forma en que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas actúan en colusión con los grupos criminales. Los altos mandos, en su mayoría, perciben una doble nómina:

El salario que reciben del Estado.

El pago que les entregan los grupos criminales por el trabajo de protección y escolta que les brindan.

→ Operativos simbólicos.  

→ Detenciones posteriores a errores delictivos*, nunca preventivas.  

→ Castigo mediático sin desmantelamiento de redes.  

→ Silencio sobre los superiores, los financistas, los funcionarios civiles que facilitaron el acceso a bases de datos, vehículos oficiales y credenciales de seguridad.

Pineda Soto está preso. Bien.  

Pero mientras no se investigue hacia arriba**, mientras no se exijan responsabilidades a quienes lo nombraron, lo protegieron y lo usaron como brazo armado del crimen con uniforme, seguiremos viendo el mismo guion: *el chivo expiatorio sale en cadena nacional… y el sistema sigue intacto.*

Y sí —como muchos saben y pocos se atreven a nombrar—:  

Hay fuentes dentro de las propias estructuras de inteligencia que filtraron su paradero después del accidente.  

No por justicia.  

Por ajuste de cuentas.  

O por presión internacional.  

O porque ya no era útil.

La pregunta real no es quién lo delató.  

Es: ¿cuántos más como él siguen en activo… esperando solo a que se les caiga la botella?

viernes, 12 de diciembre de 2025

DEUDA DE JUSTICIA CON EL EJIDO BUENAVISTA

 Justicia en suspenso — La omisión estatal que desplazó, revictimizó y dejó impune un atentado en Hidalgo, Tamaulipas.


Más de seis años han pasado desde que, en agosto de 2018, un grupo de civiles fue atacado a balazos mientras pastoreaba ganado en el ejido Independencia, municipio de Hidalgo, Tamaulipas. Las víctimas —entre ellas una mujer que sobrevivió a una tentativa de homicidio— identificaron a sus agresores con nombres, apodos y domicilios precisos. Denunciaron los hechos ante la Fiscalía local. Y sin embargo, hasta hoy, ninguna persona ha sido detenida, citada ni siquiera plenamente identificada por la autoridad.

La Recomendación 18/2024, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, no solo documenta una investigación inerte: desnuda un patrón de omisión deliberada, revictimización institucional y abandono deliberado del deber de proteger.

El ataque y la denuncia: datos concretos, líneas de investigación ignoradas

El 8 de agosto de 2018, tres personas —entre ellas la ahora quejosa— fueron emboscadas por un grupo armado que llegó en una camioneta. Testigos reconocieron a varios agresores por sus apodos y describieron sus viviendas: “una casa blanca de dos pisos entrando por el Puente del Tomaseño”, “en la Calavera, municipio de Hidalgo”, “frente a una tiendita”, “entre la ganadera y la funeraria”. Con esos datos, se inició la Carpeta de Investigación NUC 111/2018 por Tentativa de Homicidio y Daño en Propiedad Doloso.

Pero en lugar de actuar con debida diligencia, la Fiscalía respondió con inacción:

-Entre septiembre de 2018 y julio de 2021: cero actuaciones ministeriales.

-Entre agosto de 2021 y noviembre de 2023: nuevamente cero actuaciones.

- En más de 6 años, no se intentó citar, localizar ni entrevistar a ninguna de las personas señaladas como responsables.

- En lugar de investigar a los presuntos criminales, insistieron en *revictimizar a la denunciante*: le exigieron trasladarse personalmente —a pesar de estar desplazada y bajo amenaza de muerte— para “ratificar” por escrito lo que ya había declarado, incluso tras ofrecer video llamada y entregar credencial, teléfono y correos electrónicos válidos.

“La Columna Armada” no es un rumor: es una referencia documentada

Contrario a lo que pudiera parecer en búsquedas superficiales, el término 

Columna Armada Pedro José Méndez” no es una invención. Aparece explícitamente en la denuncia original de la víctima (foja 1 del expediente 106/2021) y es ratificado en la Recomendación 18/2024. La quejosa lo señala como el grupo responsable del atentado y de las amenazas posteriores que la obligaron a huir de Tamaulipas.

Este nombre —aunque no conste en informes federales públicos— puede aludir a una estructura local o regional que opera con impunidad bajo la protección tácita del silencio institucional. Su ausencia en registros oficiales no implica inexistencia; puede reflejar, más bien, una falla sistémica en la inteligencia estatal y en la voluntad política para reconocer y combatir estructuras criminales arraigadas en zonas rurales.

Desplazamiento forzado: cuando el Estado abandona a sus ciudadanos

Uno de los hallazgos más graves de la recomendación es la confirmación de que la víctima fue desplazada forzosamente del estado, no por decisión propia, sino por la falta absoluta de medidas de protección. Aunque el Ministerio Público solicitó —formalmente— 60 días de “protección policial”, no hay constancia de que se haya ejecutado patrulla alguna, recorrido, ni contacto con las víctimas.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos lo deja claro: cuando las autoridades omiten prevenir riesgos previsibles, y no supervisan el cumplimiento de las medidas de seguridad, **incurren en responsabilidad directa por el desplazamiento forzado**, una violación grave reconocida por las Naciones Unidas y por la jurisprudencia interamericana.

Revictimización con traje de legalidad

Quizá el rasgo más indignante de este caso es cómo se usó el lenguaje técnico del derecho para obstruir la justicia. Invocar los artículos 50 y 51 del CNPP —que permiten actuaciones por medios electrónicos— no fue suficiente. La víctima ofreció video llamada, asesor jurídico acreditado, identificación oficial escaneada… y aun así, el Ministerio Público dictó un acuerdo improcedente bajo el argumento de “falta de certeza jurídica”.

Eso no es garantismo: es burocracia punitiva. Es convertir el acceso a la justicia en un laberinto diseñado para agotar a las víctimas, especialmente a las mujeres rurales, pobres y amenazadas.

La Comisión lo califica sin eufemismos: se trata de una violación al derecho a la legalidad, la seguridad jurídica, el acceso a la justicia, la verdad y la no repetición. Además, se incumplieron principios de perspectiva de género, buena fe y máximo estándar de protección.

 ¿Qué sigue?

La recomendación no es solo un diagnóstico: es una hoja de ruta. Exige al Fiscal General de Tamaulipas:

1. Revisar urgentemente la carpeta 111/2018 y retomar la investigación con rigor.

2. Proteger de inmediato a las víctimas, incluidas sus familias.

3. Inscribirlas en el Registro Estatal de Víctimas y garantizar una reparación integral (psicológica, económica, simbólica).

4. Investigar disciplinaria y penalmente a los servidores públicos responsables de la inacción: fiscales, policías ministeriales y mandos medios.

Pero más allá de lo técnico, este caso plantea una pregunta moral urgente:  

¿Cuántos “Hidalgos” hay en México?¿Cuántas comunidades rurales donde el Estado ha cedido el control no a la corrupción, sino al abandono deliberado*? ¿Cuántas mujeres han tenido que huir porque su denuncia fue un acto de valentía… que el sistema castigó con silencio.

Que la Recomendación 18/2024 no se archive en un expediente olvidado. Que sea la chispa que encienda una rendición de cuentas real. Porque mientras la justicia permanezca en suspenso, la impunidad se consolida —y con ella, la desconfianza ciudadana en la promesa de un Estado de derecho.

La víctima sigue esperando. El tiempo ya no es razonable. Es urgente.

domingo, 7 de diciembre de 2025

El Ejido Buenavista: Víctimas del Crimen y Rehenes del Poder Político

 DESPLAZAMIENTO FORZADO Y JUSTICIA NEGADA


 La Doble Condena: Entre el Sicariato y la Indiferencia Estatal

La tragedia del Ejido Buenavista, en Hidalgo, Tamaulipas, es una dolorosa radiografía de cómo la connivencia entre el crimen organizado y la clase política destruye el tejido social. Los pobladores de esta región no solo fueron víctimas de la brutalidad de la Columna Armada Pedro José Méndez —liderada por Octavio Leal Moncada—, sino que fueron, simultáneamente, rehenes de la inacción y la presunta complicidad de las más altas esferas del poder estatal.

El impacto humano en Buenavista es incalculable. No se trata solo de los cinco homicidios documentados el 8 de agosto de 2018, ni de los despojos de tierras que truncaron el sustento de familias enteras. Se trata de la pérdida de la vida en comunidad, la anulación de la seguridad básica y la destrucción de la fe en la justicia.

> El terrorismo territorial perpetrado por la Columna Armada no fue solo una acción criminal; fue una estrategia de control político que floreció bajo la sombra protectora de la impunidad estatal.

       El Enfoque Político: El Silencio Cómplice de Cabeza de Vaca y Verástegui

La responsabilidad de la administración de Francisco García Cabeza de Vaca y su Secretario General, César Verástegui Ostos, trasciende la simple omisión. Los gobernantes tienen el mandato constitucional de garantizar la seguridad y el acceso a la justicia. En el caso de Buenavista, este mandato fue flagrantemente traicionado, convirtiendo la indiferencia en una forma de complicidad política con los victimarios.

 * Bloqueo de la Justicia: La ausencia de intervención para proteger a los ejidatarios, a pesar de las constantes incursiones y las evidencias de violencia, sugiere una decisión deliberada de permitir que la Columna Armada operara sin contrapesos.

 * Persecución a las Víctimas: El señalamiento de que el gobierno se dedicó a fabricar órdenes de aprehensión contra quienes ya habían sido secuestrados es el culmen de la perversidad política. En lugar de perseguir a los sicarios identificados, se utilizó el aparato estatal para criminalizar a las víctimas y disidentes, asegurando la impunidad de los agresores.

 * Capital Político del Terror: Permitir que grupos armados se apoderen de tierras y ejerzan control territorial a través del miedo otorga a estos grupos un poder fáctico que, históricamente, se ha intercambiado por apoyos políticos o control electoral. Este es el ángulo más oscuro de la impunidad: la tolerancia del crimen como herramienta de control de un territorio.

            El Impacto Humano Inevitable: Vidas Trastocadas y la Justicia Negada

Para los habitantes de Buenavista y los ejidos aledaños, la política dejó de ser una promesa de bienestar para convertirse en una amenaza tan real como el convoy de hombres armados:

 * Desplazamiento Forzado: Muchas familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares, sus cultivos y su vida entera para salvar la vida. Este desarraigo forzado no solo es una pérdida material, sino una herida identitaria profunda.

 * Trauma Colectivo: Las imágenes de ver a sus vecinos, familiares o jornaleros ejecutados, sumado al constante miedo a los disparos, genera un trauma psicosocial que perdurará por generaciones. La sensación de haber sido abandonados por el Estado agrava la herida.

 * La Impunidad como Sentencia: La falta de acceso a la justicia y el intento de Leal Moncada de desviar la culpa no solo es cínico, sino que revictimiza a los sobrevivientes. Mientras los responsables no paguen por los crímenes de sangre y despojo, la vida en el ejido no podrá sanar ni reconstruirse.

El caso Buenavista es un claro ejemplo de la doble victimización: la de los criminales que matan y despojan, y la de los políticos que, con su silencio y acción sesgada, garantizan que esa impunidad se consolide. La exigencia de justicia no es solo para castigar a los perpetradores de la Columna Armada, sino para juzgar la responsabilidad política de quienes permitieron que el terror se institucionalizara en Tamaulipas.

​¡Escándalo en la FEADLE! Peritos incompetentes: Los nuevos sicarios de la libertad de expresión.

 FEADLE, el laberinto de espejos donde la justicia se vuelve verdugo. Por: Néstor Troncoso  En el papel, la Fiscalía Especial para la Atenci...