domingo, 1 de noviembre de 2026

PROTESTAS EN CONTRA DE LA FISCALÍA DE TAMAULIPAS

 Colegios abogados, foro litigante, personal de la fiscalía y los mismos ciudadanos de la zona sur de Tamaulipas planean realizar protestas ante el abuso de autoridad de la fiscal regional.


Abogados y ministerios públicos públicos estallan y exigen la destitución de la fiscal María Concepción Oliver Cornejo.

POR: Nestor Troncoso 

"Mandados" con policías estatales, vehículos oficiales usados como transporte personal, enfermos obligados a trabajar bajo amenazas y un descarado tráfico de influencias que drena los bolsillos de los ciudadanos. La procuración de justicia en el sur de Tamaulipas vive sus horas más oscuras, y la paciencia de abogados y trabajadores ha llegado oficialmente a su límite.

Horas oscuras para la justicia en el sur de Tamaulipas.

La tensión en la zona sur del estado ha escalado a niveles críticos. El Foro Litigante de Tamaulipas y diversos colegios de abogados unieron fuerzas para anunciar una contundente protesta durante esta primera semana de noviembre. El objetivo principal es claro e inflexible: exigir la destitución inmediata de la fiscal regional, María Concepción Oliver Cornejo, tras seis años de una gestión que los gremios califican de insostenible y plagada de abusos.

Las acusaciones en contra de la funcionaria son graves y multifacéticas. Entre los señalamientos más recurrentes destacan el retardo deliberado en carpetas de investigación, el tráfico de influencias y la manipulación de pruebas. Esta problemática se agrava de forma alarmante en casos de accidentes viales, donde la liberación de vehículos retenidos se convierte en un calvario burocrático. Los propietarios no solo enfrentan esperas innecesarias, sino también extorsiones y pérdidas económicas sumamente onerosas provocadas por la red de corrupción que impera en la dependencia.


𝗥𝗲𝗯𝗲𝗹𝗶𝗼́𝗻 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮: 𝗧𝗿𝗮𝘁𝗼𝘀 𝗶𝗻𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻𝗼𝘀 𝘆 𝗱𝗲𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮𝘀 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀.

El descontento no se limita a los pasillos de los tribunales. Los abogados de la zona sur han decidido solidarizarse con los ministerios públicos y personal interno que ya realizan protestas al interior de la propia fiscalía.

Los trabajadores denuncian haber sido víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de Oliver Cornejo. Hasta el momento, la funcionaria acumula tres denuncias penales formales en su contra —con medidas de protección ya dictadas a favor de los denunciantes— y se prevé que en los próximos días se sumen al menos tres carpetas más.

La base trabajadora, conformada por agentes del ministerio público y secretarios, relata un panorama de constante hostigamiento:

Jornadas interminables: Bajo el pretexto de la falta de personal, los empleados son sometidos a cargas de trabajo abusivas.

Acoso por enfermedad: Cuando un trabajador presenta una incapacidad médica, la respuesta de la fiscal es descrita como soberbia y despectiva, exigiendo su presentación inmediata bajo la amenaza de sanciones administrativas discrecionales.


𝗔𝗯𝘂𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗽𝗼𝗱𝗲𝗿 𝗮 𝗹𝗮 𝗹𝘂𝘇 𝗽𝘂́𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮

La impunidad con la que opera la fiscal regional ha quedado al descubierto en múltiples ocasiones. Un claro ejemplo ocurrió recientemente, cuando Oliver Cornejo tuvo que comparecer ante una denuncia interpuesta por los propios ministerios públicos: para su traslado de Tampico a Ciudad Victoria, utilizó un vehículo oficial de la fiscalía, escoltas y policías investigadores como choferes particulares, pagados con recursos públicos. Lejos de cumplir con sus funciones de seguridad, estos elementos son frecuentemente relegados a realizar mandados personales para la funcionaria.

Ante este cúmulo de evidencias, abusos y denuncias documentadas, tanto los litigantes como el personal afectado lanzan una pregunta directa y urgente a la cúpula estatal: ¿Por qué el fiscal general del estado de Tamaulipas, Govea Orozco, continúa brindando protección e inmunidad a este personaje?

#Tampico #Cdmadero #Altamira #Tamaulipas #CdVictoria

viernes, 30 de octubre de 2026

Los antiguos defensores de Jorge Fernández hoy dirigen la Fiscalía de Tamaulipas: las interrogantes detrás de su liberación

Jesús Eduardo Govea Orozco, actual fiscal general de Justicia de Tamaulipas, y Pedro Efraín González Aranda, vicefiscal de Delitos de Alto Impacto y de Violaciones a Derechos Humanos, formaron parte de la defensa particular del hombre que fue condenado a 47 años de prisión por el feminicidio de la española María del Pilar Garrido Santamans. Casi nueve años después de su detención, una resolución judicial ordenó su libertad. Ahora, las trayectorias de quienes fueron sus abogados y actualmente ocupan dos de los principales cargos de procuración de justicia del estado plantean interrogantes sobre la transparencia, la imparcialidad y los posibles conflictos de interés en las instituciones tamaulipecas.

El origen de un caso que conmocionó a México y España

El 2 de julio de 2017 desapareció María del Pilar Garrido Santamans, ciudadana española que viajaba junto con su esposo, Jorge Fernández González, y el hijo de ambos, después de visitar la playa La Pesca, en el municipio de Soto la Marina, Tamaulipas.

Semanas después fueron encontrados sus restos, lo que dio inicio a una investigación criminal que terminó con la detención de Fernández González en agosto de ese mismo año.

La entonces Procuraduría General de Justicia del Estado lo acusó de feminicidio, dando paso a un proceso penal que alcanzó repercusión internacional y mantuvo enfrentadas las versiones de la acusación y de la defensa.

2018-2019: los abogados que buscaban revertir la condena

Durante el juicio oral iniciado el 30 de agosto de 2018, entre los integrantes de la defensa particular de Jorge Fernández González figuraban dos abogados cuyos nombres adquirirían una relevancia institucional años después: Jesús Eduardo Govea Orozco y Pedro Efraín González Aranda.

Una publicación del periódico Expreso, fechada el 31 de agosto de 2018, documentó la presencia de ambos profesionales en el equipo jurídico que intervenía en el juicio.

El 14 de enero de 2019, un Tribunal de Enjuiciamiento impuso a Fernández González una condena de 47 años de prisión por el feminicidio de su esposa.

Sin embargo, la defensa rechazó la determinación judicial y emprendió nuevas acciones legales.

El 30 de enero de 2019, Jesús Eduardo Govea Orozco, identificado entonces como el abogado que encabezaba la defensa, confirmó a la agencia EFE que había presentado un recurso de apelación ante el Poder Judicial de Tamaulipas.

Su objetivo era revertir la sentencia condenatoria y conseguir la libertad de su representado.

En octubre de ese mismo año, la Sala Colegiada Penal confirmó la condena. Posteriormente se promovieron distintos recursos de amparo, que dieron lugar a nuevas revisiones judiciales.

En aquel momento, Govea Orozco actuaba como defensor particular, ejerciendo una actividad legítima y constitucionalmente protegida.

La relevancia pública de este antecedente no radica en cuestionar el derecho de defensa, sino en que el mismo abogado que combatió la condena desde el ámbito privado terminó encabezando la institución estatal encargada de la procuración de justicia.

2022: Pedro Efraín González Aranda y la liberación de Octavio Leal Moncada

El caso de Jorge Fernández no constituye el único antecedente relevante de defensa penal en la trayectoria de los actuales mandos de la Fiscalía.

En 2022, Pedro Efraín González Aranda intervino como defensor particular de Octavio Leal Moncada, dirigente de la organización conocida como Columna Cívica Pedro José Méndez.

La participación profesional de González Aranda no depende únicamente de versiones periodísticas: aparece documentada en el acta de la sesión del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas celebrada el 25 de octubre de 2022.

En esa constancia, correspondiente a actuaciones relacionadas con el toca penal 111/2022 y la causa penal 2/2022, se identifica expresamente a González Aranda como defensor particular de Leal Moncada.

El 29 de noviembre de 2022, un magistrado ordenó la libertad de este último después de revocar el auto de formal prisión dictado por una imputación de homicidio calificado, al considerar que no existían elementos suficientes para procesarlo.

Aunque se trata de dos asuntos distintos, aparece un antecedente común: profesionales que participaron en defensas particulares de procesos penales de alto impacto posteriormente asumieron responsabilidades relevantes dentro de la Fiscalía de Tamaulipas.

Esto no acredita, por sí mismo, que las resoluciones hayan sido irregulares ni que exista una relación causal entre esas defensas y las liberaciones. Sin embargo, las trayectorias documentadas justifican examinar los mecanismos institucionales para prevenir conflictos de interés cuando antiguos defensores pasan a ocupar cargos de autoridad.

2025-2026: de la defensa particular al mando de la Fiscalía

El 29 de noviembre de 2025, el Congreso de Tamaulipas designó a Jesús Eduardo Govea Orozco como fiscal general de Justicia del Estado, cargo que asumió formalmente el 16 de diciembre de ese año.

En 2026, Pedro Efraín González Aranda fue incorporado a la estructura de mando de la institución como vicefiscal de Delitos de Alto Impacto y de Violaciones a Derechos Humanos.

De esta manera, los dos abogados que habían participado en la defensa penal de Jorge Fernández González quedaron situados en puestos de alta responsabilidad dentro del organismo encargado de investigar delitos y sostener las acusaciones correspondientes ante los tribunales.

Govea Orozco pasó de defender los intereses procesales de un particular a dirigir la institución responsable de representar el interés público en la persecución de los delitos.

Por su parte, González Aranda asumió una vicefiscalía vinculada a investigaciones especialmente sensibles, entre ellas las relacionadas con criminalidad de alto impacto y violaciones a derechos humanos.

Estos antecedentes convierten la prevención y gestión de posibles conflictos de interés en un asunto de relevancia pública.

Octubre de 2026: la absolución de Jorge Fernández González

El 28 de octubre de 2026, Jorge Fernández González recuperó su libertad, después de permanecer privado de ella durante casi nueve años.

La decisión fue adoptada por la Sala Colegiada Penal del Poder Judicial de Tamaulipas, en cumplimiento de una determinación federal que ordenó revisar nuevamente la sentencia condenatoria y valorar las pruebas conforme a los parámetros constitucionales establecidos.

La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Tania Gisela Contreras López, explicó que la nueva valoración del material probatorio aportado por la Fiscalía llevó a determinar que los elementos disponibles eran insuficientes para mantener la condena por feminicidio.

Es importante precisar que la instancia federal no ordenó directamente la liberación: dispuso una nueva revisión de la sentencia. Fue la Sala estatal la que dictó la resolución absolutoria.

La absolución responde al principio de presunción de inocencia y a la obligación del Ministerio Público de acreditar la responsabilidad penal más allá de toda duda razonable.

Por tanto, no debe interpretarse automáticamente como una decisión irregular. Lo que sí abre es una nueva discusión sobre la actuación de las instituciones y sus responsables.

El fiscal que fue defensor anuncia que no impugnará la absolución

Un hecho particularmente relevante ocurrió el 29 de octubre de 2026.

De acuerdo con información publicada por NotiGAPE, el fiscal general de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, confirmó que la institución no impugnaría la resolución que permitió la libertad de Jorge Fernández González.

El funcionario declaró:

«No es el caso de que se deba apelar, no es lo conducente».

La importancia de esta declaración radica en el antecedente profesional del propio fiscal general.

En 2019, Govea Orozco había promovido acciones legales para revertir la condena de Jorge Fernández. En 2026, ya como máxima autoridad de la Fiscalía estatal, hizo pública una posición institucional contraria a impugnar la resolución absolutoria.

Esta coincidencia de funciones en distintas etapas procesales no demuestra por sí sola un conflicto de interés ilegal. Sin embargo, plantea una cuestión que requiere una explicación institucional:

¿Qué mecanismos se aplicaron para garantizar que la decisión de la Fiscalía de no impugnar la absolución estuviera libre de cualquier interés derivado de la anterior relación profesional entre el fiscal general y Jorge Fernández González?

También resulta necesario conocer si Govea Orozco intervino personalmente en la evaluación jurídica de la resolución, si notificó formalmente su antecedente como defensor particular o si el análisis de los medios de impugnación fue encomendado a funcionarios sin esa vinculación previa.

La respuesta debe obtenerse de las actuaciones y documentos institucionales, no de suposiciones.

El Poder Judicial y sus vínculos institucionales

Otro elemento del contexto es la trayectoria de Tania Gisela Contreras López, actual presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas.

Antes de asumir la presidencia del Poder Judicial, Contreras López había sido designada en 2022 como responsable jurídica de la Oficina del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Posteriormente resultó electa para integrar y presidir el Supremo Tribunal de Justicia estatal.

Estos antecedentes permiten examinar las relaciones institucionales entre el Poder Ejecutivo, la Fiscalía y el Poder Judicial. No obstante, deben distinguirse de una acusación de subordinación política o interferencia judicial, circunstancias que requerirían pruebas específicas.

La resolución que absolvió a Jorge Fernández fue emitida por un órgano jurisdiccional colegiado. Hasta contar con las constancias correspondientes, no sería correcto atribuir personalmente su sentido a la magistrada presidenta ni afirmar que existió alguna instrucción política.

La investigación periodística debe concentrarse en los procedimientos, las competencias efectivamente ejercidas y las decisiones verificables de cada autoridad.

Las interrogantes que deben responder el fiscal y el vicefiscal

El caso abre una serie de preguntas de interés público.

¿Informó Jesús Eduardo Govea Orozco a las instancias correspondientes de su anterior participación como defensor de Jorge Fernández González?

¿Intervino directamente en la determinación institucional de no impugnar la sentencia absolutoria? ¿Se elaboró algún dictamen jurídico que justificara esa posición?

¿Participó el vicefiscal Pedro Efraín González Aranda en alguna revisión, recomendación o decisión relacionada con el expediente de quien anteriormente fue parte de su cartera de asuntos profesionales?

¿Existen acuerdos de excusa, declaraciones de intereses o mecanismos documentados para asegurar que los antiguos vínculos profesionales no afectaran la imparcialidad de la actuación ministerial?

Finalmente, ¿qué acciones emprenderá la Fiscalía para esclarecer el feminicidio de María del Pilar Garrido Santamans y garantizar el derecho a la verdad y a la justicia de sus familiares?

Estas preguntas no presuponen respuestas afirmativas ni responsabilidades individuales. Constituyen aspectos verificables de la actuación institucional que pueden y deben examinarse con documentación y mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información.

Una cuestión de justicia, derechos humanos y confianza institucional

El ejercicio de la defensa penal es una garantía constitucional. Ningún abogado debe ser cuestionado únicamente por haber representado a una persona acusada de un delito, ni una absolución debe presentarse como irregular por el solo hecho de favorecer a quien fue procesado.

Pero cuando un defensor particular se convierte en fiscal general y debe dirigir una institución que conoce asuntos relacionados con antiguos representados, adquiere especial importancia la obligación de gestionar cualquier posible conflicto de interés.

En el caso de Jorge Fernández González confluyen tres derechos que las instituciones deben proteger: el derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso, el derecho de los familiares de María del Pilar Garrido a la verdad y a la justicia, y el derecho de la sociedad a una procuración de justicia objetiva y transparente.

La cuestión central ya no consiste solamente en explicar por qué una sentencia de 47 años fue finalmente revocada y sustituida por una absolución.

También consiste en conocer cómo actuaron los actuales responsables de la Fiscalía frente a un expediente en el que previamente habían participado desde la defensa particular.

Esa explicación es indispensable para evaluar la actuación institucional, sin prejuzgar responsabilidades ni desconocer la independencia judicial.

Porque la confianza en la justicia no depende únicamente del resultado de los procesos penales, sino de que las decisiones de sus autoridades sean legales, imparciales, transparentes y susceptibles de escrutinio público.




jueves, 22 de octubre de 2026

REBELIÓN AL INTERIOR DE LA FISCALÍA EN TAMPICO

Zona Sur de Tamaulipas al borde del paro total en la Fiscalía por abusos extremos

El maltrato inhumano, la prepotencia y las jornadas infrahumanas impuestas por la fiscal regional María Concepción Oliver Cornejo han agotado la paciencia del personal; ministerios públicos y abogados advierten que las protestas internas y el colapso de la institución son inminentes.

POR: Nestor Troncoso 

​ZONA SUR DE TAMAULIPAS — La procuración de justicia en el sur del estado vive sus horas más oscuras. Lo que ocurre al interior de la Fiscalía Regional no es solo una crisis administrativa, sino una grave vulneración a los derechos humanos más elementales de quienes tienen la obligación de hacer valer la ley. Ante la falta absoluta de dignidad, empatía y respeto en el trato hacia el personal, el hartazgo ha llegado al límite: la base trabajadora, conformada por agentes del ministerio público y secretarios, prepara una inminente rebelión y actividades de protesta al interior de la propia institución para frenar los abusos de la fiscal regional, María Concepción Oliver Cornejo.

​Tras seis años de una gestión marcada por el autoritarismo, la situación se ha vuelto insostenible. Los empleados denuncian que son sometidos a jornadas de trabajo interminables bajo el argumento de la falta de personal. Sin embargo, la agresión más alarmante se comete contra la salud y la integridad de los trabajadores: cuando un elemento presenta una incapacidad médica o problemas de salud, la respuesta de Oliver Cornejo es calificada como soberbia y despectiva, exigiéndoles presentarse a laborar de inmediato bajo la amenaza de aplicarles sanciones administrativas de manera totalmente discrecional.

​Para justificar este clima de hostigamiento, calificado por los afectados como tratos crueles, inhumanos y degradantes, la funcionaria suele escudarse bajo la bandera de ser "perfeccionista en la función". Sin embargo, al interior de la dependencia es un secreto a voces que jamás ha construido un verdadero liderazgo; carece por completo de experiencia en la procuración de justicia y, mucho menos, domina el funcionamiento del nuevo sistema penal acusatorio, lo que la lleva a disfrazar las estadísticas oficiales para ocultar su ineficiencia.

​Esta falta de sensibilidad humana ha provocado una fuga masiva de personal: se estima que entre 12 y 14 agentes del Ministerio Público han preferido renunciar desde su llegada, mientras que al menos otros 10 funcionarios han solicitado su cambio de adscripción desesperados por huir del ambiente laboral. Pese al descontento generalizado, la fiscal se ampara en la presunta protección y respaldo de la Mesa de Seguridad, argumentando que con ellos "sí se lleva bien".

​La crisis no se limita al acoso laboral. El gremio de profesionales del derecho y barras de abogados también se han sumado a las protestas públicas ante los graves señalamientos de corrupción, manipulación de carpetas de investigación, cobros de cuotas ilegales para la devolución de vehículos asegurados y un escandaloso rezago en expedientes clave que presuntamente son archivados o negociados a cambio de favores económicos.

​Ante este panorama desolador, surgen severas interrogantes dirigidas al Fiscal General de Justicia del Estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, sobre su evidente inacción y el encubrimiento de estas prácticas. Las denuncias formales ya se encuentran en la Dirección de Asuntos Internos en Ciudad Victoria, presentadas tanto por ministerios públicos como por barras de abogados litigantes.

​La exigencia es clara y contundente: si en la institución encargada de procurar justicia no se trata con dignidad ni siquiera a quienes la procuran, la sociedad y el gremio no permitirán que la impunidad continúe. Exigen el cese inmediato y una investigación a fondo contra la funcionaria antes de que la rebelión interna paralice por completo la Fiscalía en la zona sur.

#Tampico #Altamira #CdMadero #Tsmaulipas Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas Fiscalía General de la República

miércoles, 21 de octubre de 2026

LOS 53 MIGRANTES DE SAN ANTONIO

Dos países, varias redes investigadas y siete órdenes de aprehensión pendientes de esclarecer

Una nueva sentencia en Estados Unidos

Este martes 20 de octubre de 2026, la justicia de Estados Unidos dictó una nueva sentencia relacionada con una de las mayores tragedias migratorias registradas en ese país.

El guatemalteco Rigoberto Ramón Miranda Orozco fue condenado a 30 años de prisión por su participación en una organización dedicada al tráfico de personas, cuyas operaciones estuvieron relacionadas con la muerte de 53 migrantes encontrados dentro de un tráiler en San Antonio, Texas, el 27 de junio de 2022.

Miranda Orozco participaba en una red que organizaba viajes desde Guatemala, pasando por México, hasta Estados Unidos. De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, reconoció haber organizado transporte y alojamiento de migrantes durante ese recorrido. Dos personas que habían contratado sus servicios murieron en el tráiler y una tercera sobrevivió con lesiones graves.

Fue detenido en Guatemala en agosto de 2024, extraditado a Estados Unidos en marzo de 2025 y se declaró culpable el 2 de julio de 2026. Su proceso se identifica con el número 5:24-cr-00054-OLG, en el Tribunal Federal del Distrito Oeste de Texas, División San Antonio.

La sentencia demuestra que, más de cuatro años después de aquella tragedia, continúan las consecuencias judiciales de una operación que atravesó distintas fronteras. Pero ésta es solamente una parte de la historia.

Porque mientras Estados Unidos ha logrado condenar a varios integrantes de las redes involucradas, en México también se desarrollaron investigaciones relacionadas con las mismas muertes. Una de esas líneas conduce al estado de Tamaulipas.

27 de junio de 2022: el tráiler de la muerte

Para entender lo que está ocurriendo, tenemos que regresar al 27 de junio de 2022. Ese día, en una zona apartada de Quintana Road, en San Antonio, Texas, fue localizado un tractocamión abandonado.

Dentro de la caja se encontraban decenas de personas migrantes que habían intentado llegar a Estados Unidos buscando mejores condiciones de vida. El sistema de refrigeración del remolque no funcionaba adecuadamente y durante el recorrido se acumuló un calor extremo en el interior.

Cuando llegaron los servicios de emergencia, 48 personas habían fallecido. Otras cinco murieron posteriormente en hospitales. Once sobrevivieron con lesiones. El saldo final fue de 53 personas muertas y 11 sobrevivientes lesionados.

La investigación estadounidense estableció que el recorrido fatal del remolque comenzó en Laredo, Texas, y terminó en San Antonio después de aproximadamente tres horas de viaje. Las víctimas procedían de México, Guatemala y Honduras.

Las autoridades descubrieron que detrás del transporte operaba una organización que utilizaba casas de seguridad, guías, vehículos, remolques y personas encargadas de organizar los movimientos de migrantes. Las investigaciones documentaron cobros de miles de dólares por estos viajes.

La red procesada en Estados Unidos

Los primeros detenidos fueron Homero Zamorano Jr., identificado como conductor del tráiler, y Christian Martínez, a quien las autoridades atribuyeron labores de coordinación. El 20 de julio de 2022 se presentó una acusación federal contra ambos.

La causa penal principal fue registrada con el número 5:22-cr-00366-OLG, ante el Tribunal Federal del Distrito Oeste de Texas.

Posteriormente, en junio de 2023, las autoridades estadounidenses ampliaron la acusación y detuvieron a Riley Covarrubias Ponce, Felipe Orduña Torres, Luis Alberto Rivera Leal y Armando González Ortega.

La investigación atribuyó a Felipe Orduña Torres una función de dirección en la red, mientras que Armando González Ortega habría coordinado operaciones relacionadas con el transporte. Durante el juicio se presentaron pruebas sobre el conocimiento de fallas en el sistema de refrigeración del remolque.

El 18 de marzo de 2025, un jurado federal declaró culpables a Orduña Torres y González Ortega. El 27 de junio de ese año, exactamente tres años después de la tragedia, fueron sentenciados.

Felipe Orduña Torres recibió cadena perpetua. Armando González Ortega recibió una condena de varias décadas de prisión. Existen cifras divergentes en comunicados oficiales sobre la duración exacta de esa pena, por lo que debe consultarse la sentencia original antes de dar un número definitivo al aire.

Otros integrantes de la organización, entre ellos Christian Martínez, Riley Covarrubias Ponce, Luis Alberto Rivera Leal y el conductor Homero Zamorano Jr., se declararon culpables en diferentes momentos.

Los D’Luna y el vínculo territorial con Padilla

En la investigación estadounidense también aparecen Juan Claudio D'Luna Méndez y Juan Francisco D'Luna Bilbao, señalados por fuentes de esta investigación como originarios de Padilla, Tamaulipas. Ambos figuran en el expediente 5:22-cr-00367-OLG.

Sus situaciones procesales son distintas. Juan Claudio D'Luna Méndez fue condenado por un delito relacionado con la posesión de armas; esa condena no lo declara responsable de las 53 muertes.

Juan Francisco D'Luna Bilbao, en cambio, reconoció participación en actividades relacionadas con el transporte de migrantes y proporcionó información judicial sobre la preparación y mantenimiento de vehículos utilizados por la organización, así como la participación de la columna Armada en el tráfico de migrantes. 

Estos antecedentes plantean una pregunta de investigación: ¿qué vínculos, si los hubo, existieron entre los operadores procesados en Estados Unidos y las personas involucradas en el tráfico de migrantes desde Tamaulipas? El origen en Padilla debe corroborarse mediante documentos independientes.

México: seis detenciones vinculadas con la investigación

Mientras avanzaban los procedimientos en Estados Unidos, la Fiscalía General de la República desarrolló investigaciones contra personas presuntamente involucradas en el traslado de migrantes. Una parte condujo a Miguel Alemán, Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos.

Según la cobertura publicada en febrero de 2023, fueron detenidos en Miguel Alemán Adrián Bárcenas García, conocido como «El Gallo» o «La Fiebre»; Yoana Edith Noriega García; y Sheyla Saray Bárcenas Noriega.

En el mismo periodo se reportaron otras tres detenciones en Zacualtipán, Hidalgo: Melesio Bautista Hernández, Hermelindo Bautista Hernández y Jessica Palacios Jiménez.

El 27 de enero de 2023, mediante el comunicado 044/23, la FGR informó que las seis personas habían sido vinculadas a proceso por tráfico de personas agravado en una investigación relacionada con la tragedia de San Antonio.

La vinculación a proceso no significa que una persona haya sido condenada. Significa que un juez encontró elementos suficientes para continuar el procedimiento penal. La FGR no describió públicamente qué función específica habría desempeñado cada una con el remolque localizado en Texas.

Advertencia de verificación: los nombres completos publicados por medios deben cotejarse con las constancias judiciales, especialmente las variantes «Yoana» y «Johanna Edith» y la grafía «Sheyla Saray/Sarahy».

Una segunda investigación sobre la red de Miguel Alemán

El 17 de septiembre de 2024, la FGR anunció otra vinculación a proceso por delincuencia organizada con finalidad de tráfico de personas. Volvieron a aparecer Adrián Bárcenas García, Yoana Edith Noriega García y Sheyla Saray Bárcenas Noriega.

Las nuevas órdenes de aprehensión fueron ejecutadas por reclusión: las tres personas ya se encontraban privadas de su libertad en el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas.

En la misma comunicación pública se mencionó a Emilio Chacón Ríos y José Roberto Hernández García, identificado con el alias de «Boty». La FGR situó a la organización investigada en la franja fronteriza de Tamaulipas.

Más tarde, en octubre de 2024, cobró relevancia el nombre de Pablo Gustavo Peña Bárcenas, conocido como «La Morsa». Según información atribuida a la FGR y publicada en la prensa, habría actuado bajo las órdenes de Adrián Bárcenas García, «El Gallo».

Estas actuaciones muestran que la Fiscalía mexicana investigó una estructura de tráfico de migrantes con presencia en Tamaulipas. 

La investigación que conduce a la Columna Armada

En la región de Hidalgo y Padilla, Tamaulipas, tiene presencia histórica una organización conocida como Columna Armada Pedro José Méndez, vinculada con la llamada Columna Cívica Pedro José Méndez. Uno de sus principales dirigentes identificados públicamente es Octavio Leal Moncada, conocido como «El Profe» o «El Tarzán».

El 28 de octubre de 2022, cuatro meses después de la tragedia, un juez federal en Hermosillo, Sonora, libró diez órdenes de aprehensión dentro de la causa penal 640/2022. La resolución proporcionada para esta investigación permite identificar fecha, autoridad y nombres de diez personas.

Según información de una persona denunciante con conocimiento de las actuaciones, esta causa guarda relación con la carpeta de investigación FED/FEMDO/UEIDMS-TAMP/0000180/2022, tramitada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.

En esa resolución figuran, entre otros, Octavio Leal Moncada, Cesáreo Leal Perales, Eloy Flores Martínez, Nohemí Estrella Leal, Guadalupe Concepción Pineda Soto y Elieser Neftalí Martínez Morales.

El libramiento de las órdenes muestra la existencia de un procedimiento penal federal.

5 de junio de 2023: Elieser Martínez Morales

La primera detención identificada dentro de esa lista ocurrió, según la información recabada, el 5 de junio de 2023. Se trata de Elieser Neftalí Martínez Morales.

De acuerdo con esa información, intentó ingresar a Estados Unidos, fue detectado por las autoridades de ese país y entregado a autoridades mexicanas. La FGR confirmó el 23 de junio de 2023 que una persona identificada como Elieser «M» fue detectada mediante una ficha roja de Interpol y entregada a agentes de la Policía Federal Ministerial en el puente internacional Hidalgo, en Reynosa.

La FGR anunció su vinculación a proceso por delincuencia organizada con finalidad de tráfico de migrantes. La fecha exacta del 5 de junio y el cumplimiento individual en la causa 640/2022 deben cotejarse con las constancias originales.

8 de julio de 2023: el «Policía Millonario»

El 8 de julio de 2023, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, fue detenido, de acuerdo con la información reunida, Guadalupe Concepción Pineda Soto, también nombrado en algunas referencias como José Guadalupe Concepción Pineda Soto.

Conocido como «El Policía Millonario», Pineda Soto había formado parte de corporaciones de seguridad tamaulipecas y aparece en la orden de aprehensión de la causa 640/2022. Reportes de aquella fecha señalaron que la FGR acudió a un hospital del ISSSTE en Ciudad Victoria para ejecutar un mandamiento judicial en su contra.

Algunos reportes lo relacionan con presuntas actividades de tráfico de migrantes y secuestro. Uno de ellos menciona expresamente El Barretal, Tamaulipas, como un lugar vinculado con el recorrido previo de personas migrantes.


El Barretal: una parada que todavía debe esclarecerse

El Barretal se ubica en la región de Padilla e Hidalgo, Tamaulipas. Fuentes de esta investigación sostienen que un tráiler relacionado con la operación habría permanecido detenido durante varias horas en esa localidad antes de continuar su trayecto.

Otros reportes ubican una posible escala en Oyama, municipio de Hidalgo, e incluso mencionan un presunto cambio de caja o remolque.

Debemos distinguir esas versiones de lo acreditado en Estados Unidos. La investigación estadounidense estableció que el recorrido mortal del remolque comenzó en Laredo, Texas. Por ello, resulta indispensable determinar si las referencias a El Barretal describen un traslado anterior de los migrantes, otro vehículo, un cambio de caja o una operación diferente.

22 de marzo de 2024: un guardia nacional investigado

Una nueva detención que debe examinarse se sitúa el 22 de marzo de 2024, en Graciano Sánchez, San Luis Potosí. Se trata de Erick Mauricio González Tejeda, identificado por fuentes de esta investigación como elemento de la Guardia Nacional.

Según la información proporcionada por una fuente con conocimiento de la indagatoria, González Tejeda fue investigado por presuntamente recibir dinero de integrantes de la Columna Armada y realizar labores de vigilancia o «halconeo» y protección en su favor.

La misma fuente refiere una relación sentimental con Nohemí Estrella Leal, quien figura entre las personas incluidas en la causa penal 640/2022. Una relación personal, por sí misma, no demuestra participación en delito alguno, lo que sí se acredita Cómo es que autoridades y el grupo delictivo interactuaban como uno solo. 

Se señala que a González Tejeda se le imputaron delincuencia organizada, secuestro, tráfico de personas y falsificación de documentos oficiales. Su nombre no aparece en las diez órdenes de octubre de 2022 y todavía falta identificar documentalmente el número de su causa y los resultados de sus audiencias.

La línea periodística consisio en investigar que existieron servidores públicos que proporcionaran información o protección a personas señaladas por delincuencia organizada y que hubo una conducta wue estuvo relacionada con el traslado de migrantes.  En este caso también se puede incluir a Guadalupe Concepción Pineda Soto policía del estado de Tamaulipas. 

28 de junio de 2026: la detención de Octavio Leal Moncada

Llegamos ahora al último acontecimiento de esta cronología de detenciones. El 28 de junio de 2026, casi cuatro años después de la tragedia, autoridades federales detuvieron en Santiago, Nuevo León, a Octavio Leal Moncada, identificado como dirigente de la Columna Armada Pedro José Méndez.

Su nombre aparece en primer lugar entre los diez señalados en la orden judicial de octubre de 2022 correspondiente a la causa 640/2022, del Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, Sonora.

Sin embargo, existe una discrepancia documental pendiente de resolver: en algunas declaraciones oficiales se mencionó la causa 640/2020. Se debe cotejar el mandamiento cumplimentado, su puesta a disposición y la audiencia inicial para determinar con precisión cuál fue el procedimiento ejecutado.

La detención de Leal Moncada es un acontecimiento relevante, en la actualidad está esperando la conclusión del procedimiento para poder llegar a un juicio, En dónde se desahogarán y valorarán todas las pruebas que existen en su contra las cuales consisten en videos fotografías audios y testimoniales que señalan directamente a este personaje como el de un líder del grupo criminal de la columna Armada.

Siete órdenes sin ejecución confirmada

De las diez personas señaladas en la orden del 28 de octubre de 2022, la información proporcionada para esta investigación identifica tres detenciones: Elieser Neftalí Martínez Morales, Guadalupe Concepción Pineda Soto y Octavio Leal Moncada.

Erick Mauricio González Tejeda constituye una cuarta detención reportada dentro de las investigaciones relacionadas, pero no figura en aquella lista de diez.

Por lo tanto, hay siete personas incluidas en la causa 640/2022 cuya detención no ha podido confirmarse en la información analizada: Eloy Flores Martínez y/o Daniel García Reyes; Cesáreo Leal Perales; Nohemí Estrella Leal; Juan José Contreras Castillo; Carlos Eduardo Reyes Rodríguez; Lizbeth Lucero Reyes Estrella; y José Armando Desilos Soria.

Una fuente denunciante con conocimiento del expediente señala que los siete mandamientos siguen pendientes. Antes de presentar a estas personas como prófugas, es necesario verificar si las órdenes siguen vigentes y si han existido suspensiones, cancelaciones o cumplimientos posteriores.



Dos países y preguntas que siguen abiertas

Hoy, con la sentencia de 30 años contra Rigoberto Ramón Miranda Orozco, sabemos que Estados Unidos ha continuado avanzando judicialmente contra personas relacionadas con las redes de tráfico de migrantes que desembocaron en la tragedia.

También sabemos que México desarrolló distintas investigaciones: una condujo a personas detenidas en Miguel Alemán, Tamaulipas, y Zacualtipán, Hidalgo; otra dio lugar a diez órdenes de aprehensión dentro de la causa 640/2022, en la que figuran personas señaladas como integrantes de la Columna Armada Pedro José Méndez.

El desafío periodístico es determinar cómo se relacionan esas investigaciones. ¿Hubo comunicación entre las redes procesadas en Estados Unidos y las investigadas en Tamaulipas? ¿Quién organizó el traslado antes de llegar a Laredo? ¿Qué ocurrió realmente en El Barretal? ¿Hubo intervención de personas con funciones públicas? ¿Cuál es la situación actual de las siete órdenes de aprehensión?

Estas preguntas no prueban una responsabilidad penal conjunta. Señalan, más bien, los hechos que todavía deben esclarecerse.

¿Por qué tarda tanto en llegar la justicia en México?

El 27 de junio de 2022 murieron 53 seres humanos que habían emprendido un viaje buscando una oportunidad de vida. Más de cuatro años después, sus familias siguen teniendo derecho a conocer la verdad.

La justicia no consiste solamente en detener al conductor o condenar a quienes organizaron un traslado en Estados Unidos. También exige investigar toda la cadena de operaciones, identificar responsabilidades individuales y establecer si existieron omisiones o complicidades de autoridades.

Los expedientes estadounidenses han permitido reconstruir una parte importante de aquella operación. Los procedimientos mexicanos contienen otras piezas que aún necesitan ponerse en relación.

La última captura identificada dentro de la causa 640/2022 es la de Octavio Leal Moncada, ocurrida el 28 de junio de 2026. El acontecimiento judicial más reciente es la sentencia dictada el 20 de octubre de 2026 contra Rigoberto Ramón Miranda Orozco.

Entre esas dos fechas, y entre ambos países, continúa una investigación cuya verdadera dimensión todavía estamos reconstruyendo. Porque detrás de la tragedia de San Antonio hay 53 vidas perdidas, familias que esperan respuestas y una obligación permanente de esclarecer lo ocurrido.

Anexo: expedientes y referencias documentales

Esta sección acompaña la lectura, pero no forma parte de la narración principal. Conviene revisar las sentencias, los autos de vinculación y las constancias de ejecución antes de difundir afirmaciones sobre situaciones procesales actuales.

EXPEDIENTE / DOCUMENTO

ALCANCE

Estados Unidos · 5:22-cr-00366-OLG

Homero Zamorano Jr., Christian Martínez, Riley Covarrubias Ponce, Felipe Orduña Torres, Luis Alberto Rivera Leal y Armando González Ortega. Causa principal.

Estados Unidos · 5:22-cr-00367-OLG

Juan Claudio D’Luna Méndez y Juan Francisco D’Luna Bilbao. Procedimiento separado.

Estados Unidos · 5:24-cr-00054-OLG

Rigoberto Ramón Miranda Orozco. Condena del 20 de octubre de 2026.

México · causa 640/2022

Diez órdenes libradas el 28 de octubre de 2022, según el documento judicial proporcionado.

México · FED/FEMDO/UEIDMS-TAMP/0000180/2022

Carpeta ministerial vinculada con la causa 640/2022 según información aportada por persona denunciante. Cotejo documental íntegro pendiente.

México · detenciones de Miguel Alemán y Zacualtipán

Comunicados FGR 044/23 (27 de enero de 2023) y 479/24 (17 de septiembre de 2024). Números de causa judicial no corroborados.

México · procedimiento de Erick Mauricio González Tejeda

Número de carpeta y causa judicial individual pendientes de identificar y corroborar.

Fuentes institucionales y de contraste

Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Texas: comunicados sobre la acusación inicial, los veredictos del 18 de marzo de 2025, las condenas del 27 de junio de 2025 y la condena de Rigoberto Miranda Orozco del 20 de octubre de 2026.

Fiscalía General de la República (México): comunicados 044/23, 327/23 y 479/24; además, información pública de octubre de 2024 sobre imputaciones por delincuencia organizada y tráfico de personas.

Resolución judicial del 28 de octubre de 2022, causa penal 640/2022, en Hermosillo, Sonora: imagen proporcionada para esta investigación.

Reportes de El Mañana, El Universal y otros medios sobre detenciones e identidades completas, sujetos a comprobación con los documentos judiciales originales.

Testimonio de una persona denunciante dentro de la carpeta FED/FEMDO/UEIDMS-TAMP/0000180/2022 sobre fechas, lugares y estado de ejecución de órdenes de aprehensión. 



jueves, 8 de octubre de 2026

PRESOS SIN ACCESO A LA JUSTICIA

 ¡Justicia a la medida!: Tamaulipas en el ojo del huracán por amparos exprés y vínculos oscuros

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Mientras presuntos líderes criminales obtienen protección judicial en tiempo récord, cientos de ciudadanos inocentes acumulan hasta un año y medio de agonía en prisión esperando una resolución que nunca llega. ¿Imparcialidad o impunidad pactada?

​Justicia a la carta: La red de complicidades que ahoga a Tamaulipas

​Tras la implementación de la reforma judicial, el reacomodo del personal estuvo marcado por tropiezos y deficiencias que rápidamente acapararon las redes sociales. Lo que en su momento generó burlas y desconcierto debido al evidente desconocimiento legal de algunos juzgadores, hoy ha evolucionado hacia un escenario alarmante: vamos de mal en peor, y Tamaulipas se encuentra en el centro exacto del huracán.

​El escudo protector de la magistrada

​El pasado 31 de agosto de 2025, un juzgado federal concedió un amparo clave a Tania Contreras López, magistrada presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, y a Nohemí Estrella Leal, señalada como líder de la Columna Armada Pedro J. Méndez. La medida cautelar las protege contra cualquier orden de arresto o detención.

​Esta información salió a la luz gracias a un documento del juicio de amparo 1062/2025-3, obtenido por Miguel Alfonso Meza, activista y presidente de la organización Defensorxs, quien actualmente integra un expediente sobre funcionarios presuntamente ligados a la delincuencia organizada.

​La situación de Nohemí Estrella —hija de Octavio Leal Moncada, cabecilla del grupo armado— contrasta fuertemente con su historial: en 2022 fue detenida en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de secuestro, y hoy cuenta con requerimientos vigentes por delincuencia organizada. Sin embargo, comparte algo más que afinidades; el documento revela que ambas tramitaron su protección legal bajo la misma representación de la abogada Eribel Mejía Barrios, compartiendo defensa con la cabeza de una organización paramilitar que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) clasifica como un brazo operativo del Cártel del Golfo.

​Nexos, poder y omisiones

​Desde el inicio de su gestión, la relación de Tania Contreras con la Columna Armada ha estado bajo la lupa. Informes de inteligencia nacional y extranjera vinculan a dicha organización con el tráfico de armas y la trata de migrantes. No obstante, durante su paso como consejera jurídica del gobierno estatal, Contreras evitó promover cualquier causa o denuncia contra las actividades irregulares del grupo de Octavio Leal.

​A esto se suman los cuestionamientos sobre sus lazos familiares con Juan Carlos Madero Larios, exfuncionario de la Agencia Nacional de Aduanas señalado por la propia SEDENA —en un oficio enviado por el entonces general secretario Luis Cresencio Sandoval— como una pieza central en una red de contrabando de hidrocarburos.

​La justicia detenida para el ciudadano común

​Mientras las altas esferas del poder disfrutan de blindajes judiciales inmediatos, el panorama para el ciudadano de a pie es desolador. Casos que antes se resolvían en un promedio de seis meses, hoy acumulan hasta año y medio de parálisis en los tribunales federales, donde la injerencia de actores como Javier Valdez Perales mantiene los expedientes en el limbo.

​Abusos de poder, arbitrariedades y fabricación de delitos —muchas veces con la intención oculta de despojar de sus tierras a habitantes del centro de Tamaulipas— configuran una crisis institucional profunda. Mientras los ciudadanos inocentes sufren la privación de su libertad sin respuestas prontas ni expeditas, las estructuras criminales continúan operando con la certeza de que, para ellos, la justicia siempre será a la carta.


Una alianza que enciende las alertas: La gravedad de este hecho radica en que la máxima autoridad impartidora de justicia en el estado comparte de forma directa una misma protección legal y una misma defensa con una figura fuertemente vinculada al crimen organizado, evidenciando un preocupante colapso ético e institucional donde los límites entre el Estado y los grupos delictivos se desvanecen peligrosamente.
🔹 El origen del expediente negro: La revelación proviene del documento oficial del juicio de amparo 1062/2025-3, obtenido gracias a las indagatorias del activista Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxs, quien actualmente integra un expediente riguroso sobre la red de complicidades entre políticos, funcionarios públicos y cárteles de la droga.

🔹 Inmunidad y sospecha en el Poder Judicial: Si bien la decisión federal frena cualquier intento de captura, hasta el momento no se ha hecho pública una orden de aprehensión formal en contra de la magistrada presidente; sin embargo, el simple hecho de que recurra a los mismos recursos legales y comparta estrategia con una prófuga de la justicia por delincuencia organizada mancha la legitimidad y la honorabilidad de todo el sistema judicial tamaulipeco.

La abogada Eribel Mejía Barrios promovió el amparo “a nombre y en representación de Tania Contreras y Nohemí Estrella Leal”. El documento implica que la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas comparte defensa legal con la líder de una organización paramilitar conectada a los cárteles. La Columna Armada Pedro J. Méndez está vinculada al tráfico de armas y a la trata de migrantes, de acuerdo a órdenes de aprehensión vigentes contra sus miembros y a información filtrada a medios por agencias de inteligencia en México y en Estados Unidos.


miércoles, 30 de septiembre de 2026

TERROR EN LLERA DE CANALES






La sombra de la extorsión y el clan de "Memo Flores" que tiene a los ejidos bajo el yugo

Llera de Canales Tamaulipas. — “El silencio ya no es opción cuando la violencia y la intimidación tocan la puerta de nuestros hogares y negocios. Hoy, el miedo ha comenzado a cambiar de bando.”

Denuncia Ciudadana: El imperio del terror y la impunidad en Llera.

La desesperación de las familias y comerciantes en el municipio de Llera de Canales ha llegado a un punto de quiebre insostenible. A través de una denuncia pública enviada a este espacio, ciudadanos cansados de la opresión alzan la voz para exponer una red de extorsión, cobro de piso y amenazas sistemáticas que mantiene a la región bajo un clima de constante zozobra.

De acuerdo con los testimonios recabados, un sujeto identificado como Guillermo Flores, ampliamente conocido en la zona como "Memo Flores", opera con total impunidad en los ejidos y comercios locales. Lejos de buscar el bienestar de su comunidad, este individuo y su grupo de allegados han convertido la intimidación en un negocio lucrativo.


La red de abusos y el miedo institucional

Los afectados señalan que este grupo opera escudándose en supuestas influencias y presuntos vínculos con la delincuencia organizada y autoridades locales. Amenazan abiertamente a los pobladores con que “nadie les puede hacer nada” y aseguran contar con protección oficial, lo que ha generado un clima de profunda desconfianza en las instituciones.


Ante este panorama de indefensión:

𝐍𝐞𝐠𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐲 𝐞𝐣𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐚𝐬𝐞𝐝𝐢𝐚𝐝𝐨𝐬: 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐧 𝐜𝐮𝐨𝐭𝐚𝐬 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐚𝐦𝐞𝐧𝐚𝐳𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐚𝐠𝐫𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧.


𝐃𝐞𝐬𝐩𝐥𝐚𝐳𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐟𝐨𝐫𝐳𝐚𝐝𝐨: 𝐄𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫 𝐬𝐞𝐦𝐛𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐡𝐚 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐝𝐨 𝐚 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐬 𝐚 𝐚𝐛𝐚𝐧𝐝𝐨𝐧𝐚𝐫 𝐬𝐮𝐬 𝐡𝐨𝐠𝐚𝐫𝐞𝐬, 𝐬𝐮𝐬 𝐭𝐢𝐞𝐫𝐫𝐚𝐬 𝐲 𝐬𝐮𝐬 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚𝐫 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐠𝐢𝐨 𝐞𝐧 𝐨𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨𝐬.

𝐀𝐠𝐫𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐥 𝐧𝐮𝐜𝐥𝐞𝐨 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫: 𝐋𝐨𝐬 𝐚𝐟𝐞𝐜𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐨 𝐲𝐚 𝐧𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐭𝐚 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞𝐬, 𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐚 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐝𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚 𝐲 𝐬𝐮𝐬 𝐟𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨.

Entre los operadores de esta red también se señala a un sujeto conocido como "El Man de Compuertas" (identificado en los reportes gráficos con camisa azul), quien junto con otros cómplices se dedica a aterrorizar a los habitantes, ostentándose con una supuesta autoridad que no poseen.


Llamado Urgente a la Acción

Desde este espacio periodístico, hacemos un llamado enérgico y categórico a las autoridades estatales y federales, así como a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, para que intervengan de manera inmediata en el municipio de Llera de Canales.

La ciudadanía exige una investigación exhaustiva, imparcial y de fondo que desmantele esta red de extorsión, garantice la seguridad de las familias y restablezca el Estado de derecho en la región. Ningún grupo ni individuo puede estar por encima de la ley. Es momento de actuar antes de que el costo social sea irreparable.

¿Tienes alguna denuncia similar? La información se maneja con estricta confidencialidad.

PROTESTAS EN CONTRA DE LA FISCALÍA DE TAMAULIPAS

 Colegios abogados, foro litigante, personal de la fiscalía y los mismos ciudadanos de la zona sur de Tamaulipas planean realizar protestas ...