EL ROSTRO DEL TERROR DE TAMAULIPAS

El Rostro Sanguinario que Tamaulipas No Olvida

ELOY FLORES MARTÍNEZ

Actualmente se encuentra en calidad de prófugo de la justicia por diversos delitos, desde el año 2022 existe una orden de aprehensión por delincuencia organizada emitida por un juez de Hermosillo sonora. 

En los hechos es uno de los protegidos de el gobernador Américo Villarreal Anaya. 

Hidalgo, Tamaulipas. — En las entrañas de la Sierra Madre Oriental, donde la niebla se confunde con el miedo, habita un hombre que no necesita reflectores para proyectar una sombra larga y lúgubre. Su nombre es Eloy Flores Martínez, pero en el argot de la violencia estatal, se le conoce como el "lado más negro" de la Columna Armada. No es el rostro mediático, ni el líder que busca la palabra; es, según quienes han sobrevivido a su asedio, la mano ejecutora que prefiere el silencio de la traición al estruendo del combate directo.

Hoy, Flores Martínez es un fantasma con órdenes de aprehensión vigentes, un prófugo que ha convertido los desfiladeros y las brechas de Hidalgo en su fortaleza personal.

Un rastro de ceniza y plomo

La leyenda negra de Eloy Flores se forjó con fuego en 2010. Bajo el gastado pretexto de una "limpia" contra grupos rivales, encabezó el asalto y la quema de la presidencia municipal de Hidalgo. Aquella tarde, el edificio oficial no fue lo único que ardió; varios agentes de tránsito fueron ejecutados a sangre fría. Fue el anuncio de una era de terror donde la ley se doblegaba ante el capricho del sicario.

Sin embargo, el acto que marcaría su carrera criminal ocurrió el 30 de agosto de 2010. Eran las 16:30 horas cuando el entonces alcalde, Marco Antonio Leal García, conducía su vehículo por una brecha cercana a la carretera México-Laredo. Venía de una reunión con el gobernador; regresaba a casa, a su tierra. No llegó.

Una ráfaga de balas cortó el camino del munícipe. En el ataque, no solo se extinguió la vida del líder ganadero y político; su hija, María Esther, de apenas 10 años, resultó herida, convirtiéndose en el testigo inocente de la brutalidad de Flores Martínez. El crimen fue calificado por el entonces presidente Felipe Calderón como un "atentado cobarde", una herida abierta en el corazón de las instituciones tamaulipecas que, hasta el día de hoy, no ha cerrado.

El ejecutor de las sombras

A diferencia de otros capos que ostentan lujos y armas bañadas en oro, Eloy Flores Martínez se mueve en la periferia de la visibilidad. Sus víctimas lo describen no como un guerrero, sino como un estratega de la emboscada.

> "Nunca ha enfrentado a nadie de frente. Su método es la traición, el disparo desde la camioneta gris, el ataque en superioridad numérica", relatan voces desde el anonimato en los ejidos.

> 

Así ocurrió con Armando "N", un habitante del ejido Hidalgo que cometió el "error" de viajar en una retroexcavadora prestada por el municipio. Flores, acompañado por sujetos apodados "El Pepino" y "El Cañis", abrió fuego desde la seguridad de un vehículo en movimiento. Armando no tuvo oportunidad; murió al instante bajo el peso del plomo y la deslealtad.

El asedio a Buenavista

La ambición de Flores Martínez no se detiene en la eliminación física. Junto a Octavio Leal Moncada, ha sido señalado como el arquitecto del asedio al Ejido Buenavista. Allí, el terror no fue una ráfaga pasajera, sino un secuestro colectivo. Mediante amenazas y asesinatos selectivos, obligaron a familias enteras a abandonar sus tierras, sus historias y su patrimonio, dejando tras de sí pueblos fantasma custodiados por el miedo.

Actualmente, el hombre "más sanguinario de la Columna Armada" sigue oculto. Se dice que se refugia en los pliegues de la sierra, moviéndose entre escondites tácticos, lejos de las cámaras que tanto evita. Pero mientras él permanezca en las sombras, la justicia en Tamaulipas seguirá teniendo una cuenta pendiente con los muertos de Hidalgo y la paz de sus ejidos.

DESPLAZAMIENTO FORZADO EN TAMAULIPAS

 Desplazamiento Forzado y Violaciones a los Derechos Humanos: EL CASO DEL EJIDO BUENAVISTA. 

Un hecho debidamente documentado con investigaciones realizadas por autoridades. 

POR: Néstor Troncoso 

El presente análisis describe las graves violaciones a la legalidad, seguridad jurídica y el derecho a la residencia sufridas por un grupo de personas en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas. A través del expediente de queja 106/2021, se documentan hechos de violencia sistemática perpetrados por el grupo delictivo denominado Columna Armada Pedro José Méndez. El estudio resalta el estado de vulnerabilidad de las víctimas, quienes tras sufrir un intento de homicidio y vivir bajo condiciones de asedio en el Ejido Buenavista, se vieron obligadas al desplazamiento forzado debido a la inacción del Estado.

Descripción de los Hechos y Víctimas

En octubre de 2018, la denunciante y sus acompañantes —incluyendo familiares y menores de edad— fueron víctimas de un intento de homicidio mientras pastoreaban ganado en los límites del ejido. Los agresores, identificados como miembros de la Columna Armada, dispararon armas de grueso calibre contra el grupo, obligándolos a utilizar a los animales como escudos para sobrevivir.

Las víctimas enfrentaron una situación de confinamiento y riesgo extremo:

 * Permanencia bajo asedio: Las víctimas permanecieron en condiciones de inseguridad crítica en el Ejido Buenavista por un periodo prolongado (mencionado en el contexto de la queja como un entorno de abandono de seguridad de más de 3 años antes de la resolución final).

 * Identificación de agresores: A pesar de que las víctimas proporcionaron nombres, apodos y ubicaciones específicas de los agresores (como domicilios en "El Tomaseño" y "La Calavera"), las autoridades ministeriales omitieron realizar diligencias básicas de localización y entrevista durante más de seis años.

 * Obstrucción de accesos: En agosto de 2021, personal de la Policía Investigadora confirmó que los caminos hacia el Ejido Buenavista se encontraban bloqueados con obstáculos, lo que impedía el libre tránsito y el acceso de las autoridades para realizar investigaciones.

RESPONSABILIDAD CRIMINAL Y OMISIÓN INSTITUCIONAL.

El documento identifica explícitamente a la Columna Armada Pedro José Méndez como el grupo criminal que controla la región y que ha amenazado de muerte a la familia de la denunciante. La víctima manifestó que el Ministerio Público mostró una actitud "sospechosa" y apática, llegando a exigir su comparecencia física en zonas controladas por sus agresores, a pesar del peligro inminente de ser privada de la vida si era vista en dichos municipios.

Conclusión del Enfoque de Investigación.

El caso evidencia un patrón de desplazamiento forzado forzoso derivado de la falta de garantías de seguridad pública. La omisión del Estado para investigar a un grupo criminal con control territorial permitió que las víctimas pasaran de una situación de secuestro virtual en su comunidad a un desplazamiento total fuera del estado de Tamaulipas para preservar su integridad. La Recomendación 18/2024 concluye que existió una denegación de acceso a la justicia y una violación sistemática al derecho de residencia por la falta de protección ante el crimen organizado.

LA TRACION DEL ESTADO AL PERIODISTA

 Cómo Néstor Troncoso Fue Sacrificado en Buena Vista Mientras sus Agresores Eran Protegidos”

EL ESTADO QUE TRAICIONA

La Recomendación 181/2022 expone algo más profundo que una cadena de omisiones: revela un ecosistema de poder donde la violencia contra periodistas y comunidades vulnerables no sólo ocurre con la tolerancia del Estado, sino con su participación activa. El caso de Néstor Troncoso no es un accidente administrativo ni un error operativo; es un espejo de cómo se ejerce el poder en regiones donde la ley se subordina a intereses locales, pactos tácitos y silencios institucionales.

El 31 de mayo de 2019, el periodista Néstor Troncoso llegó al Ejido Buena Vista para documentar y aliviar una crisis humanitaria que las autoridades habían decidido ignorar. Lo hizo avisando con anticipación al Mecanismo Federal de Protección, confiando en que el Estado cumpliría su obligación mínima: no dejarlo solo.

Pero el Estado no sólo lo dejó solo. Lo condujo directamente hacia la agresión.

El comandante AR1, representante de la Policía Federal de nombre Lazaro Jimenez Garcia, le aseguró protección. Minutos después, frente a una multitud organizada por P15, lo negó, se retiró y lo dejó a merced de quienes lo golpearon, lo desnudaron, lo amenazaron de muerte y lo mantuvieron privado de la libertad. Todo esto ocurrió mientras elementos federales y militares observaban sin intervenir.

La escena es brutal no sólo por la violencia, sino por el mensaje: la autoridad no sólo se ausenta, sino que entrega.

La Recomendación documenta que:

- El Mecanismo de Protección ignoró avisos, correos y llamadas.

- La Policía Federal incumplió su deber de cuidado y actuó como facilitadora del riesgo.

- La SEDENA presenció la agresión sin actuar.

- La Fiscalía de Tamaulipas operó con negligencia sistemática: retrasó diligencias, omitió pruebas, dejó fuera a responsables identificados y archivó indebidamente una carpeta.

- Ninguna autoridad estatal impulsó el desafuero de P15, pese a las pruebas directas de su participación.

- Once órdenes de aprehensión siguen sin ejecutarse desde 2020.

El expediente muestra que la violencia no fue el único crimen: también lo fue la protección institucional a quienes la ejercieron.

BUENAVISTA UNA COMUNIDAD SITUADA Y SILENCIADA

El caso no puede entenderse sin el contexto: Buena Vista vivía bajo un cerco impuesto por un grupo armado que controlaba alimentos, agua, electricidad y tránsito. La visita de Troncoso buscaba romper ese aislamiento. La agresión colectiva fue un acto de control territorial, pero también un acto político: impedir que la verdad saliera del ejido.

La CNDH reconoce que la comunidad estaba secuestrada. Lo que no dice explícitamente, pero se desprende de los hechos, es que ese secuestro ocurrió con la complicidad de autoridades locales y la indiferencia de las federales.

LA JUSTICIA QUE NO LLEGA

Han pasado años desde los hechos. La Recomendación está emitida. Las pruebas están integradas. Los responsables están identificados. Las órdenes de aprehensión existen.

Lo único que falta es voluntad.

La justicia mexicana ha demostrado que puede moverse con rapidez cuando se trata de proteger intereses políticos. Pero cuando se trata de proteger a un periodista agredido, o a una comunidad sitiada, la maquinaria se detiene, se oxida, se hunde en trámites interminables y silencios convenientes.

La deuda con Néstor Troncoso sigue abierta. No sólo porque los responsables no han sido llevados ante la justicia, sino porque las instituciones encargadas de investigar y proteger han optado por enterrar el caso, diluir responsabilidades y proteger a quienes participaron en la agresión y en el secuestro de la comunidad de Buena Vista.

La impunidad no es un accidente: es una decisión.

​¡Escándalo en la FEADLE! Peritos incompetentes: Los nuevos sicarios de la libertad de expresión.

 FEADLE, el laberinto de espejos donde la justicia se vuelve verdugo.

Por: Néstor Troncoso 

En el papel, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) nació en 2010 como un faro de esperanza. Su misión era clara: proteger a quienes, con una pluma o una cámara, sostienen el espejo de la realidad frente al poder. Sin embargo, la realidad ha transformado a esta unidad de la FGR en una pesadilla kafkiana. Hoy, acudir a la FEADLE no es buscar justicia; es entrar en un campo de batalla donde el periodista no pelea contra su agresor, sino contra el Estado que juró defenderlo.

La experiencia de litigar en estas oficinas es una tortura burocrática. Los agentes investigadores, lejos de perseguir el delito, parecen entrenados para desestimar pruebas y asfixiar la voluntad de la víctima. Se respira un aire de sospecha sistemática: no se investiga al criminal, se hostiga al comunicador, haciéndolo sentir —en un ejercicio de cinismo puro— que es él quien "fabrica" su propia tragedia.

EL SURREALISMO DE LA "VIDENCIA" PERICIAL 

Pero si hay un rincón donde la ineficiencia alcanza niveles insultantes, es en el departamento de peritos en psicología. Mi propia experiencia con un perito —llamémosle Emilio “N”, para evitarle el favor de la fama— ilustra la podredumbre técnica de la institución.

FEADLE: La fábrica de impunidad donde los peritos "videntes" entierran la verdad y torturan a las víctimas.

Imaginen esto: existe un video donde un funcionario público agrede, criminaliza y descalifica a un periodista. La evidencia es nítida, cruda. No obstante, el perito Emilio “N”, dotado de una "clarividencia" que raya en lo ridículo, determinó que no existía agresión alguna y que, además, no había pronóstico de violencia futura. Su bola de cristal falló estrepitosamente: las agresiones sistemáticas continuaron, confirmando que su peritaje no fue ciencia, sino una grosera negligencia.

Este mismo personaje, en un acto que pisotea cualquier código de ética profesional, valoró a ambas partes del conflicto sin declararlo ante las autoridades. Durante la entrevista, su actitud no fue la de un facilitador de salud mental, sino la de un inquisidor egocéntrico. Con una astucia mal intencionada, intentaba desmentir cada relato, buscando el error en el trauma, desestimando el dolor como si fuera un guion mal escrito.

EL ABSURDO COMO MÉTODO DE DESCALIFICACIÓN

Lo más indignante ocurre en la entrega de resultados. Tras aplicar las pruebas que él mismo calificó como "idóneas" para evaluar a la víctima, terminó por descartarlas. ¿El argumento? Que los niveles eran "demasiado altos" y que, por lo tanto, la víctima podría estar mintiendo. Es decir: si el trauma es profundo, no es real; si el dolor es evidente, es una farsa. Es el mundo al revés, donde el perito se descalifica a sí mismo para evitar darle la razón a la justicia.

Este es solo un ejemplo de un solo individuo, pero el síntoma es sistémico. El departamento de periciales de la FGR parece estar plagado de incompetentes e individuos contaminados por intereses ajenos a la verdad.

No es solo ineficiencia; es una estrategia de desgaste. Ver a estos "profesionales" trabajar provoca una indignación que quema. Es doloroso aceptar que, mientras los periodistas mueren o son silenciados en las calles, en las oficinas de la FEADLE se dedican a revictimizar de manera sistemática a quienes tienen la valentía de levantar la voz. No son peritos, son cómplices del silencio por omisión y soberbia. La justicia en México no solo es ciega; en manos de la FEADLE, es también la mano que empuja a la víctima de vuelta al abismo.

MIENTRAS EL CRIMINAL GOLPEADA FUERA EL PERIODISTA, LA FISCALÍA GOLPEA DESDE ADENTRO

​"Existe una ironía sangrienta en nuestra labor: el mayor enemigo de un periodista termina siendo quien tiene la obligación legal de investigar a sus agresores. Bajo este sistema perverso, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la FEADLE, es quien dirige la orquesta de la agresión contra los periodistas, permitiendo que sus peritos y agentes se conviertan en una extensión del ataque inicial. Mientras el criminal golpea afuera, la fiscalía golpea adentro; bajo la batuta de su titular, utilizan la psicología y el derecho como armas de tortura institucional para asegurar que la justicia nunca llegue, transformando la protección en un acto de hostigamiento sistemático."

FÁBRICA DE DELITOS EN TAMAULIPAS y el silencio que la sostiene

 

Varias personas actualmente se encuentran pagando una pena en un reclusorio por  delitos que no cometieron, lo único que hicieron fue denunciar las atrocidades que estaba cometiendo el grupo delictivo de la columna armada. 

🖋️ POR: Néstor Troncoso

Hay momentos en que una región deja de parecer un territorio y se convierte en un síntoma. Tamaulipas, en ciertos rincones como el municipio de Hidalgo, ya no describe una geografía sino una maquinaria: engranes de miedo, operadores jurídicos disciplinados por la conveniencia, y una narrativa oficial que prefiere mirar hacia otro lado. En ese paisaje, la llamada columna armada funciona no solo como un grupo delictivo, sino como una estructura paralela de gobierno, justicia y castigo.

Diversas voces señalan que este grupo mantiene órdenes de aprehensión tanto del fuero común como del federal, y sin embargo opera con una libertad que muchos interpretan como impunidad. Algunas personas atribuyen esta situación a la protección política que, según señalamientos públicos, habría permitido su expansión y su blindaje. No es un secreto que en Tamaulipas abundan historias donde denunciar equivale a firmar una sentencia: destierro, despojo o muerte. En ese contexto, el silencio no es cobardía, es supervivencia.

⚖️ LA LEY TORCIDA COMO HERRAMIENTA DE PODER. 

En este ecosistema, los abogados vinculados al grupo delictivo —según múltiples testimonios locales— han aprendido a convertir la ley en plastilina. No la interpretan: la moldean. No la aplican: la negocian. Y en esa negociación entran jueces, ministerios públicos y policías de investigación que, de acuerdo con denuncias ciudadanas, participan en la manipulación de carpetas, la siembra de pruebas y la fabricación de delitos a la carta.

La figura del juez de control, que debería ser un contrapeso, aparece en estas narrativas como un engrane más. Algunos sectores críticos sostienen que ciertos jueces actúan con respaldo político, lo que les permite operar con una audacia que en cualquier otro contexto sería impensable: fotografías con actores delictivos, resoluciones que desafían la lógica jurídica y una aparente inmunidad ante cualquier señalamiento.

👥 TESTIGOS AL AZAR, CULPABLES PREDETERMINADOS.

El mecanismo es perverso por su sencillez. En municipios donde la columna armada ejerce control territorial, los testigos no se buscan: se seleccionan. Personas comunes, sin relación con los hechos, son obligadas —según denuncias locales— a declarar, señalar y sostener versiones prefabricadas. La justicia se convierte así en teatro, y el juicio en una representación donde el veredicto ya está escrito.

El resultado es devastador: hombres y mujeres pagando condenas por delitos que no cometieron, mientras los verdaderos responsables continúan operando. Homicidios, secuestros, desapariciones… imputados a quien convenga, no a quien corresponda. La tragedia no es solo jurídica: es humana, histórica y comunitaria.

🏛️ LA PREGUNTA QUE QUEDA SUSPENDIDA

La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas ha impulsado sanciones más severas contra quienes mientan ante una autoridad. Una medida que, en teoría, debería fortalecer la integridad del sistema. Sin embargo, en la percepción de muchos ciudadanos, estas sanciones no parecen aplicarse cuando los falsos testimonios benefician a la columna armada.

¿POR QUE?  

La pregunta flota, incómoda, como un espejo que nadie quiere mirar. Y quizá ahí reside el verdadero problema: en Tamaulipas hay verdades que no se niegan… simplemente no se pronuncian. Américo Villarreal ha puesto sus servicios un sistema corrompido para torcer la ley a su conveniencia, otorgando el nombramiento de un nuevo fiscal carnal y de una magistrada que, desde sus inicios, ha sido señalada por sus vínculos con la columna armada.

OCTAVIO LEAL MONCADA, el hombre que gobierna desde el abismo

NO ES UN SIMPLE DELINCUENTE, es alguien que gobierna desde la oscuridad. 

La noche del 29 de noviembre, cuando un magistrado revocó el auto de formal prisión que mantenía a Octavio Leal Moncada en una celda, no solo recuperó la libertad un hombre. Volvió a caminar —o a arrastrarse, según quienes lo han visto últimamente apoyado en un andador— una figura que ha construido su poder desde un lugar más profundo que la política: desde la oscuridad de su propia mente.

Un origen que se esconde porque revela demasiado

De los primeros años de Leal Moncada apenas quedan fragmentos. Un arresto en 1989, acusaciones de tráfico de marihuana y armas, una confesión que él atribuyó a torturas, un paso por Topo Chico.  

Después, silencio.  

Y luego, de pronto, la reaparición de un hombre que ya no era un ciudadano más, sino el dirigente de la Columna Cívica “Pedro J. Méndez”, un grupo cuya influencia territorial y vínculos con estructuras criminales han sido señalados por diversas autoridades.

Pero más allá de los hechos, lo que inquieta es la transformación interna que parece haber ocurrido en ese periodo de sombras.

Un narcisismo que no busca admiración, sino sometimiento

Quienes lo han tratado describen una personalidad dominada por un narcisismo que no necesita aplausos: necesita obediencia.  

No busca ser querido. Busca ser temido.  

No necesita seguidores. Necesita súbditos.

Su mirada —dicen— no observa: evalúa.  

Su silencio no es introspección: es cálculo.  

Su presencia no llena un espacio: lo ocupa, lo invade, lo reclama.

En él no hay rastros de culpa, ni de remordimiento, ni de empatía.  

Solo una convicción férrea: el poder es un derecho natural del más fuerte.

El camaleón que cambia de color para seguir devorando

Su habilidad política no proviene de la ideología, sino de la astucia.  

En 2016 apoyó al PAN.  

En 2018-2022 se volcó hacia Morena.  

En ambos casos, su estructura territorial fue decisiva.

No se trataba de convicciones.  

Era supervivencia.  

Era la lógica del depredador que cambia de piel para seguir cazando.

El miedo como método

Diversas fuentes señalan que, bajo la administración estatal actual, su influencia alcanzó niveles inéditos.  

No solo en lo electoral, sino en la operación cotidiana del territorio.  

Policías, guardias, funcionarios… todos parecen moverse con una cautela que revela la existencia de un poder que no necesita uniforme ni cargo.

Mientras tanto, en Estados Unidos su nombre aparece en investigaciones por delincuencia organizada.  

En México, las órdenes de aprehensión parecen esperar un momento que nunca llega.

La crueldad como lenguaje

Los testimonios más duros no provienen de enemigos, sino de quienes alguna vez estuvieron cerca de él.  

Familiares, antiguos aliados, ejidatarios desplazados.  

Todos coinciden en un punto: su capacidad para la crueldad. Relatan venganzas contra su propia sangre, castigos ejemplares, traiciones frías.  Dicen que no perdona, no olvida y no duda.  

Que su forma de ejercer el poder no es política: es visceral. “Si no le importa su familia, mucho menos otras personas”, murmuran quienes huyeron de sus tierras.

El hombre que teme a la muerte más que a la ley

Y sin embargo, detrás de esa figura que parece hecha de acero, hay algo que lo delata: el miedo.

No el miedo a la cárcel.  

No el miedo al enemigo.  

No el miedo al juicio.

Más bien se trata del miedo a morir.

Quienes lo han visto recientemente lo describen avanzando con dificultad, apoyado en un andador, arrastrando el cuerpo como si cada paso fuera una negociación con su propia fragilidad.  

Dicen que se aferra a la vida con la misma ferocidad con la que se aferra al poder.  

Que prefiere arrastrarse antes que entregarse.  

Que teme más a la muerte que a cualquier tribunal.

Ese temor íntimo, casi infantil, contrasta con la brutalidad de sus actos.  

Es el reverso de su narcisismo:  

el hombre que exige obediencia absoluta porque, en el fondo, sabe que su cuerpo ya no le obedece a él.

El retrato final

Octavio Leal Moncada no es solo un líder señalado por múltiples versiones y acusaciones.  

Es un personaje que parece haber construido su poder desde un vacío interior, desde una herida que nunca cicatrizó, desde un miedo que lo persigue incluso cuando todos los demás le temen a él.

Su historia es la de un hombre que convirtió el territorio en un espejo de su propia mente:  

un lugar donde la fuerza sustituye a la ley, donde el silencio vale más que la verdad, donde el miedo es la única moneda válida.

Y mientras siga caminando —aunque sea apoyado en un andador— su sombra seguirá proyectándose sobre Tamaulipas como un recordatorio de que, a veces, el poder no nace de la grandeza, sino del abismo.

DESAPARICIÓN COMO POLÍTICA DEL ESTADO MEXICANO

México y la desaparición como política de Estado: cuando el silencio se administra

Por Néstor Troncoso González

En México, la desaparición ya no es solo un crimen: es un lenguaje. Un lenguaje oscuro que el Estado ha aprendido a modular, a suavizar, a maquillar. Un lenguaje que convierte la ausencia en trámite, el dolor en estadística y la búsqueda en sospecha. Hoy, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, asistimos a una mutación inquietante: la desaparición ya no se combate, se administra. Y en esa administración, el Estado ha encontrado una forma más sofisticada de impunidad.

SE MAQUILLAN LAS CIFRAS DE DESAPARECIDOS

La nueva estrategia gubernamental presume una baja en las cifras. Pero la pregunta ética —la única que importa— es otra: ¿baja de cuerpos o baja de nombres? Porque cuando un país decide que la verdad puede ajustarse con nomenclaturas, deja de buscar personas y empieza a buscar excusas.

La reclasificación de “desaparecido” a “no localizado” es más que un tecnicismo. Es un acto filosófico: una operación sobre el ser. El Estado decide que alguien deja de ser víctima porque así lo dicta un formulario. Decide que la violencia se evapora porque un burócrata cambió una casilla. Decide que la realidad es negociable. Y cuando la realidad se vuelve negociable, la justicia se vuelve imposible.

Los colectivos lo han dicho con una claridad que desarma: no están encontrando personas; están encontrando pretextos. Y en esa frase se condensa la tragedia de un país que ha confundido la verdad con la contabilidad.

Mientras tanto, quienes buscan —las madres, los hermanos, los hijos— siguen excavando con las manos, con la intuición, con la memoria. Y quienes deberían acompañarlos —policías, peritos, agentes— trabajan en condiciones que rozan lo inhumano: sin gasolina, sin reactivos, sin equipo, sin respaldo. La búsqueda se ha vuelto un acto de autofinanciamiento moral. El Estado exige heroísmo a quienes no les da ni siquiera herramientas.

La pregunta que flota, inevitable, es la que nadie en el poder quiere responder: ¿dónde está el dinero? ¿En qué rincón de la burocracia se extravió el presupuesto que debía sostener la búsqueda, la ciencia forense, la investigación? ¿En qué oficina se diluyó la responsabilidad? ¿En qué discurso se escondió la verdad?

Porque mientras el gobierno celebra “localizaciones” basadas en cruces de datos —una vacuna, un trámite bancario, un registro fiscal—, los servicios forenses acumulan más de 52,000 cuerpos sin nombre. Es una paradoja cruel: el Estado presume vivos que no ha visto, mientras ignora muertos que no quiere reconocer.

La desaparición, en México, se ha vuelto un espejo. Un espejo que devuelve la imagen de un país que teme mirar su propio abismo. Un país que prefiere ajustar cifras antes que ajustar conciencias. Un país que ha aprendido a convivir con la ausencia como si fuera un clima, un paisaje, una costumbre.

Pero la filosofía —esa vieja disciplina que nos enseña a mirar lo que duele— nos recuerda algo esencial: lo que se nombra existe, y lo que se borra también grita. Cada nombre reclasificado es una vida que el Estado intenta desplazar hacia la penumbra. Cada cifra maquillada es un acto de violencia simbólica. Cada expediente que cambia de categoría es una forma de decirle a una madre que su hijo no merece la verdad.

La búsqueda, entonces, se convierte en un acto de resistencia ontológica. Buscar es afirmar que alguien existió, que alguien importa, que alguien no puede ser reducido a un algoritmo. Buscar es sostener la humanidad frente a un Estado que la diluye. Buscar es, en última instancia, un gesto de amor más fuerte que la estadística.

Por eso este editorial no es solo una denuncia. Es un recordatorio: la verdad no se negocia. La justicia no se maquilla. La memoria no se reclasifica. Y ningún gobierno, por poderoso que sea, puede convertir la ausencia en un trámite sin que la historia lo juzgue.

Porque un país que maquilla a sus desaparecidos está, en realidad, maquillando su propia vergüenza.