miércoles, 21 de octubre de 2026

LOS 53 MIGRANTES DE SAN ANTONIO

Dos países, varias redes investigadas y siete órdenes de aprehensión pendientes de esclarecer

Una nueva sentencia en Estados Unidos

Este martes 20 de octubre de 2026, la justicia de Estados Unidos dictó una nueva sentencia relacionada con una de las mayores tragedias migratorias registradas en ese país.

El guatemalteco Rigoberto Ramón Miranda Orozco fue condenado a 30 años de prisión por su participación en una organización dedicada al tráfico de personas, cuyas operaciones estuvieron relacionadas con la muerte de 53 migrantes encontrados dentro de un tráiler en San Antonio, Texas, el 27 de junio de 2022.

Miranda Orozco participaba en una red que organizaba viajes desde Guatemala, pasando por México, hasta Estados Unidos. De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, reconoció haber organizado transporte y alojamiento de migrantes durante ese recorrido. Dos personas que habían contratado sus servicios murieron en el tráiler y una tercera sobrevivió con lesiones graves.

Fue detenido en Guatemala en agosto de 2024, extraditado a Estados Unidos en marzo de 2025 y se declaró culpable el 2 de julio de 2026. Su proceso se identifica con el número 5:24-cr-00054-OLG, en el Tribunal Federal del Distrito Oeste de Texas, División San Antonio.

La sentencia demuestra que, más de cuatro años después de aquella tragedia, continúan las consecuencias judiciales de una operación que atravesó distintas fronteras. Pero ésta es solamente una parte de la historia.

Porque mientras Estados Unidos ha logrado condenar a varios integrantes de las redes involucradas, en México también se desarrollaron investigaciones relacionadas con las mismas muertes. Una de esas líneas conduce al estado de Tamaulipas.

27 de junio de 2022: el tráiler de la muerte

Para entender lo que está ocurriendo, tenemos que regresar al 27 de junio de 2022. Ese día, en una zona apartada de Quintana Road, en San Antonio, Texas, fue localizado un tractocamión abandonado.

Dentro de la caja se encontraban decenas de personas migrantes que habían intentado llegar a Estados Unidos buscando mejores condiciones de vida. El sistema de refrigeración del remolque no funcionaba adecuadamente y durante el recorrido se acumuló un calor extremo en el interior.

Cuando llegaron los servicios de emergencia, 48 personas habían fallecido. Otras cinco murieron posteriormente en hospitales. Once sobrevivieron con lesiones. El saldo final fue de 53 personas muertas y 11 sobrevivientes lesionados.

La investigación estadounidense estableció que el recorrido fatal del remolque comenzó en Laredo, Texas, y terminó en San Antonio después de aproximadamente tres horas de viaje. Las víctimas procedían de México, Guatemala y Honduras.

Las autoridades descubrieron que detrás del transporte operaba una organización que utilizaba casas de seguridad, guías, vehículos, remolques y personas encargadas de organizar los movimientos de migrantes. Las investigaciones documentaron cobros de miles de dólares por estos viajes.

La red procesada en Estados Unidos

Los primeros detenidos fueron Homero Zamorano Jr., identificado como conductor del tráiler, y Christian Martínez, a quien las autoridades atribuyeron labores de coordinación. El 20 de julio de 2022 se presentó una acusación federal contra ambos.

La causa penal principal fue registrada con el número 5:22-cr-00366-OLG, ante el Tribunal Federal del Distrito Oeste de Texas.

Posteriormente, en junio de 2023, las autoridades estadounidenses ampliaron la acusación y detuvieron a Riley Covarrubias Ponce, Felipe Orduña Torres, Luis Alberto Rivera Leal y Armando González Ortega.

La investigación atribuyó a Felipe Orduña Torres una función de dirección en la red, mientras que Armando González Ortega habría coordinado operaciones relacionadas con el transporte. Durante el juicio se presentaron pruebas sobre el conocimiento de fallas en el sistema de refrigeración del remolque.

El 18 de marzo de 2025, un jurado federal declaró culpables a Orduña Torres y González Ortega. El 27 de junio de ese año, exactamente tres años después de la tragedia, fueron sentenciados.

Felipe Orduña Torres recibió cadena perpetua. Armando González Ortega recibió una condena de varias décadas de prisión. Existen cifras divergentes en comunicados oficiales sobre la duración exacta de esa pena, por lo que debe consultarse la sentencia original antes de dar un número definitivo al aire.

Otros integrantes de la organización, entre ellos Christian Martínez, Riley Covarrubias Ponce, Luis Alberto Rivera Leal y el conductor Homero Zamorano Jr., se declararon culpables en diferentes momentos.

Los D’Luna y el vínculo territorial con Padilla

En la investigación estadounidense también aparecen Juan Claudio D'Luna Méndez y Juan Francisco D'Luna Bilbao, señalados por fuentes de esta investigación como originarios de Padilla, Tamaulipas. Ambos figuran en el expediente 5:22-cr-00367-OLG.

Sus situaciones procesales son distintas. Juan Claudio D'Luna Méndez fue condenado por un delito relacionado con la posesión de armas; esa condena no lo declara responsable de las 53 muertes.

Juan Francisco D'Luna Bilbao, en cambio, reconoció participación en actividades relacionadas con el transporte de migrantes y proporcionó información judicial sobre la preparación y mantenimiento de vehículos utilizados por la organización, así como la participación de la columna Armada en el tráfico de migrantes. 

Estos antecedentes plantean una pregunta de investigación: ¿qué vínculos, si los hubo, existieron entre los operadores procesados en Estados Unidos y las personas involucradas en el tráfico de migrantes desde Tamaulipas? El origen en Padilla debe corroborarse mediante documentos independientes.

México: seis detenciones vinculadas con la investigación

Mientras avanzaban los procedimientos en Estados Unidos, la Fiscalía General de la República desarrolló investigaciones contra personas presuntamente involucradas en el traslado de migrantes. Una parte condujo a Miguel Alemán, Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos.

Según la cobertura publicada en febrero de 2023, fueron detenidos en Miguel Alemán Adrián Bárcenas García, conocido como «El Gallo» o «La Fiebre»; Yoana Edith Noriega García; y Sheyla Saray Bárcenas Noriega.

En el mismo periodo se reportaron otras tres detenciones en Zacualtipán, Hidalgo: Melesio Bautista Hernández, Hermelindo Bautista Hernández y Jessica Palacios Jiménez.

El 27 de enero de 2023, mediante el comunicado 044/23, la FGR informó que las seis personas habían sido vinculadas a proceso por tráfico de personas agravado en una investigación relacionada con la tragedia de San Antonio.

La vinculación a proceso no significa que una persona haya sido condenada. Significa que un juez encontró elementos suficientes para continuar el procedimiento penal. La FGR no describió públicamente qué función específica habría desempeñado cada una con el remolque localizado en Texas.

Advertencia de verificación: los nombres completos publicados por medios deben cotejarse con las constancias judiciales, especialmente las variantes «Yoana» y «Johanna Edith» y la grafía «Sheyla Saray/Sarahy».

Una segunda investigación sobre la red de Miguel Alemán

El 17 de septiembre de 2024, la FGR anunció otra vinculación a proceso por delincuencia organizada con finalidad de tráfico de personas. Volvieron a aparecer Adrián Bárcenas García, Yoana Edith Noriega García y Sheyla Saray Bárcenas Noriega.

Las nuevas órdenes de aprehensión fueron ejecutadas por reclusión: las tres personas ya se encontraban privadas de su libertad en el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas.

En la misma comunicación pública se mencionó a Emilio Chacón Ríos y José Roberto Hernández García, identificado con el alias de «Boty». La FGR situó a la organización investigada en la franja fronteriza de Tamaulipas.

Más tarde, en octubre de 2024, cobró relevancia el nombre de Pablo Gustavo Peña Bárcenas, conocido como «La Morsa». Según información atribuida a la FGR y publicada en la prensa, habría actuado bajo las órdenes de Adrián Bárcenas García, «El Gallo».

Estas actuaciones muestran que la Fiscalía mexicana investigó una estructura de tráfico de migrantes con presencia en Tamaulipas. 

La investigación que conduce a la Columna Armada

En la región de Hidalgo y Padilla, Tamaulipas, tiene presencia histórica una organización conocida como Columna Armada Pedro José Méndez, vinculada con la llamada Columna Cívica Pedro José Méndez. Uno de sus principales dirigentes identificados públicamente es Octavio Leal Moncada, conocido como «El Profe» o «El Tarzán».

El 28 de octubre de 2022, cuatro meses después de la tragedia, un juez federal en Hermosillo, Sonora, libró diez órdenes de aprehensión dentro de la causa penal 640/2022. La resolución proporcionada para esta investigación permite identificar fecha, autoridad y nombres de diez personas.

Según información de una persona denunciante con conocimiento de las actuaciones, esta causa guarda relación con la carpeta de investigación FED/FEMDO/UEIDMS-TAMP/0000180/2022, tramitada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.

En esa resolución figuran, entre otros, Octavio Leal Moncada, Cesáreo Leal Perales, Eloy Flores Martínez, Nohemí Estrella Leal, Guadalupe Concepción Pineda Soto y Elieser Neftalí Martínez Morales.

El libramiento de las órdenes muestra la existencia de un procedimiento penal federal.

5 de junio de 2023: Elieser Martínez Morales

La primera detención identificada dentro de esa lista ocurrió, según la información recabada, el 5 de junio de 2023. Se trata de Elieser Neftalí Martínez Morales.

De acuerdo con esa información, intentó ingresar a Estados Unidos, fue detectado por las autoridades de ese país y entregado a autoridades mexicanas. La FGR confirmó el 23 de junio de 2023 que una persona identificada como Elieser «M» fue detectada mediante una ficha roja de Interpol y entregada a agentes de la Policía Federal Ministerial en el puente internacional Hidalgo, en Reynosa.

La FGR anunció su vinculación a proceso por delincuencia organizada con finalidad de tráfico de migrantes. La fecha exacta del 5 de junio y el cumplimiento individual en la causa 640/2022 deben cotejarse con las constancias originales.

8 de julio de 2023: el «Policía Millonario»

El 8 de julio de 2023, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, fue detenido, de acuerdo con la información reunida, Guadalupe Concepción Pineda Soto, también nombrado en algunas referencias como José Guadalupe Concepción Pineda Soto.

Conocido como «El Policía Millonario», Pineda Soto había formado parte de corporaciones de seguridad tamaulipecas y aparece en la orden de aprehensión de la causa 640/2022. Reportes de aquella fecha señalaron que la FGR acudió a un hospital del ISSSTE en Ciudad Victoria para ejecutar un mandamiento judicial en su contra.

Algunos reportes lo relacionan con presuntas actividades de tráfico de migrantes y secuestro. Uno de ellos menciona expresamente El Barretal, Tamaulipas, como un lugar vinculado con el recorrido previo de personas migrantes.


El Barretal: una parada que todavía debe esclarecerse

El Barretal se ubica en la región de Padilla e Hidalgo, Tamaulipas. Fuentes de esta investigación sostienen que un tráiler relacionado con la operación habría permanecido detenido durante varias horas en esa localidad antes de continuar su trayecto.

Otros reportes ubican una posible escala en Oyama, municipio de Hidalgo, e incluso mencionan un presunto cambio de caja o remolque.

Debemos distinguir esas versiones de lo acreditado en Estados Unidos. La investigación estadounidense estableció que el recorrido mortal del remolque comenzó en Laredo, Texas. Por ello, resulta indispensable determinar si las referencias a El Barretal describen un traslado anterior de los migrantes, otro vehículo, un cambio de caja o una operación diferente.

22 de marzo de 2024: un guardia nacional investigado

Una nueva detención que debe examinarse se sitúa el 22 de marzo de 2024, en Graciano Sánchez, San Luis Potosí. Se trata de Erick Mauricio González Tejeda, identificado por fuentes de esta investigación como elemento de la Guardia Nacional.

Según la información proporcionada por una fuente con conocimiento de la indagatoria, González Tejeda fue investigado por presuntamente recibir dinero de integrantes de la Columna Armada y realizar labores de vigilancia o «halconeo» y protección en su favor.

La misma fuente refiere una relación sentimental con Nohemí Estrella Leal, quien figura entre las personas incluidas en la causa penal 640/2022. Una relación personal, por sí misma, no demuestra participación en delito alguno, lo que sí se acredita Cómo es que autoridades y el grupo delictivo interactuaban como uno solo. 

Se señala que a González Tejeda se le imputaron delincuencia organizada, secuestro, tráfico de personas y falsificación de documentos oficiales. Su nombre no aparece en las diez órdenes de octubre de 2022 y todavía falta identificar documentalmente el número de su causa y los resultados de sus audiencias.

La línea periodística consisio en investigar que existieron servidores públicos que proporcionaran información o protección a personas señaladas por delincuencia organizada y que hubo una conducta wue estuvo relacionada con el traslado de migrantes.  En este caso también se puede incluir a Guadalupe Concepción Pineda Soto policía del estado de Tamaulipas. 

28 de junio de 2026: la detención de Octavio Leal Moncada

Llegamos ahora al último acontecimiento de esta cronología de detenciones. El 28 de junio de 2026, casi cuatro años después de la tragedia, autoridades federales detuvieron en Santiago, Nuevo León, a Octavio Leal Moncada, identificado como dirigente de la Columna Armada Pedro José Méndez.

Su nombre aparece en primer lugar entre los diez señalados en la orden judicial de octubre de 2022 correspondiente a la causa 640/2022, del Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, Sonora.

Sin embargo, existe una discrepancia documental pendiente de resolver: en algunas declaraciones oficiales se mencionó la causa 640/2020. Se debe cotejar el mandamiento cumplimentado, su puesta a disposición y la audiencia inicial para determinar con precisión cuál fue el procedimiento ejecutado.

La detención de Leal Moncada es un acontecimiento relevante, en la actualidad está esperando la conclusión del procedimiento para poder llegar a un juicio, En dónde se desahogarán y valorarán todas las pruebas que existen en su contra las cuales consisten en videos fotografías audios y testimoniales que señalan directamente a este personaje como el de un líder del grupo criminal de la columna Armada.

Siete órdenes sin ejecución confirmada

De las diez personas señaladas en la orden del 28 de octubre de 2022, la información proporcionada para esta investigación identifica tres detenciones: Elieser Neftalí Martínez Morales, Guadalupe Concepción Pineda Soto y Octavio Leal Moncada.

Erick Mauricio González Tejeda constituye una cuarta detención reportada dentro de las investigaciones relacionadas, pero no figura en aquella lista de diez.

Por lo tanto, hay siete personas incluidas en la causa 640/2022 cuya detención no ha podido confirmarse en la información analizada: Eloy Flores Martínez y/o Daniel García Reyes; Cesáreo Leal Perales; Nohemí Estrella Leal; Juan José Contreras Castillo; Carlos Eduardo Reyes Rodríguez; Lizbeth Lucero Reyes Estrella; y José Armando Desilos Soria.

Una fuente denunciante con conocimiento del expediente señala que los siete mandamientos siguen pendientes. Antes de presentar a estas personas como prófugas, es necesario verificar si las órdenes siguen vigentes y si han existido suspensiones, cancelaciones o cumplimientos posteriores.



Dos países y preguntas que siguen abiertas

Hoy, con la sentencia de 30 años contra Rigoberto Ramón Miranda Orozco, sabemos que Estados Unidos ha continuado avanzando judicialmente contra personas relacionadas con las redes de tráfico de migrantes que desembocaron en la tragedia.

También sabemos que México desarrolló distintas investigaciones: una condujo a personas detenidas en Miguel Alemán, Tamaulipas, y Zacualtipán, Hidalgo; otra dio lugar a diez órdenes de aprehensión dentro de la causa 640/2022, en la que figuran personas señaladas como integrantes de la Columna Armada Pedro José Méndez.

El desafío periodístico es determinar cómo se relacionan esas investigaciones. ¿Hubo comunicación entre las redes procesadas en Estados Unidos y las investigadas en Tamaulipas? ¿Quién organizó el traslado antes de llegar a Laredo? ¿Qué ocurrió realmente en El Barretal? ¿Hubo intervención de personas con funciones públicas? ¿Cuál es la situación actual de las siete órdenes de aprehensión?

Estas preguntas no prueban una responsabilidad penal conjunta. Señalan, más bien, los hechos que todavía deben esclarecerse.

¿Por qué tarda tanto en llegar la justicia en México?

El 27 de junio de 2022 murieron 53 seres humanos que habían emprendido un viaje buscando una oportunidad de vida. Más de cuatro años después, sus familias siguen teniendo derecho a conocer la verdad.

La justicia no consiste solamente en detener al conductor o condenar a quienes organizaron un traslado en Estados Unidos. También exige investigar toda la cadena de operaciones, identificar responsabilidades individuales y establecer si existieron omisiones o complicidades de autoridades.

Los expedientes estadounidenses han permitido reconstruir una parte importante de aquella operación. Los procedimientos mexicanos contienen otras piezas que aún necesitan ponerse en relación.

La última captura identificada dentro de la causa 640/2022 es la de Octavio Leal Moncada, ocurrida el 28 de junio de 2026. El acontecimiento judicial más reciente es la sentencia dictada el 20 de octubre de 2026 contra Rigoberto Ramón Miranda Orozco.

Entre esas dos fechas, y entre ambos países, continúa una investigación cuya verdadera dimensión todavía estamos reconstruyendo. Porque detrás de la tragedia de San Antonio hay 53 vidas perdidas, familias que esperan respuestas y una obligación permanente de esclarecer lo ocurrido.

Anexo: expedientes y referencias documentales

Esta sección acompaña la lectura, pero no forma parte de la narración principal. Conviene revisar las sentencias, los autos de vinculación y las constancias de ejecución antes de difundir afirmaciones sobre situaciones procesales actuales.

EXPEDIENTE / DOCUMENTO

ALCANCE

Estados Unidos · 5:22-cr-00366-OLG

Homero Zamorano Jr., Christian Martínez, Riley Covarrubias Ponce, Felipe Orduña Torres, Luis Alberto Rivera Leal y Armando González Ortega. Causa principal.

Estados Unidos · 5:22-cr-00367-OLG

Juan Claudio D’Luna Méndez y Juan Francisco D’Luna Bilbao. Procedimiento separado.

Estados Unidos · 5:24-cr-00054-OLG

Rigoberto Ramón Miranda Orozco. Condena del 20 de octubre de 2026.

México · causa 640/2022

Diez órdenes libradas el 28 de octubre de 2022, según el documento judicial proporcionado.

México · FED/FEMDO/UEIDMS-TAMP/0000180/2022

Carpeta ministerial vinculada con la causa 640/2022 según información aportada por persona denunciante. Cotejo documental íntegro pendiente.

México · detenciones de Miguel Alemán y Zacualtipán

Comunicados FGR 044/23 (27 de enero de 2023) y 479/24 (17 de septiembre de 2024). Números de causa judicial no corroborados.

México · procedimiento de Erick Mauricio González Tejeda

Número de carpeta y causa judicial individual pendientes de identificar y corroborar.

Fuentes institucionales y de contraste

Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Texas: comunicados sobre la acusación inicial, los veredictos del 18 de marzo de 2025, las condenas del 27 de junio de 2025 y la condena de Rigoberto Miranda Orozco del 20 de octubre de 2026.

Fiscalía General de la República (México): comunicados 044/23, 327/23 y 479/24; además, información pública de octubre de 2024 sobre imputaciones por delincuencia organizada y tráfico de personas.

Resolución judicial del 28 de octubre de 2022, causa penal 640/2022, en Hermosillo, Sonora: imagen proporcionada para esta investigación.

Reportes de El Mañana, El Universal y otros medios sobre detenciones e identidades completas, sujetos a comprobación con los documentos judiciales originales.

Testimonio de una persona denunciante dentro de la carpeta FED/FEMDO/UEIDMS-TAMP/0000180/2022 sobre fechas, lugares y estado de ejecución de órdenes de aprehensión. 



jueves, 8 de octubre de 2026

PRESOS SIN ACCESO A LA JUSTICIA

 ¡Justicia a la medida!: Tamaulipas en el ojo del huracán por amparos exprés y vínculos oscuros

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Mientras presuntos líderes criminales obtienen protección judicial en tiempo récord, cientos de ciudadanos inocentes acumulan hasta un año y medio de agonía en prisión esperando una resolución que nunca llega. ¿Imparcialidad o impunidad pactada?

​Justicia a la carta: La red de complicidades que ahoga a Tamaulipas

​Tras la implementación de la reforma judicial, el reacomodo del personal estuvo marcado por tropiezos y deficiencias que rápidamente acapararon las redes sociales. Lo que en su momento generó burlas y desconcierto debido al evidente desconocimiento legal de algunos juzgadores, hoy ha evolucionado hacia un escenario alarmante: vamos de mal en peor, y Tamaulipas se encuentra en el centro exacto del huracán.

​El escudo protector de la magistrada

​El pasado 31 de agosto de 2025, un juzgado federal concedió un amparo clave a Tania Contreras López, magistrada presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, y a Nohemí Estrella Leal, señalada como líder de la Columna Armada Pedro J. Méndez. La medida cautelar las protege contra cualquier orden de arresto o detención.

​Esta información salió a la luz gracias a un documento del juicio de amparo 1062/2025-3, obtenido por Miguel Alfonso Meza, activista y presidente de la organización Defensorxs, quien actualmente integra un expediente sobre funcionarios presuntamente ligados a la delincuencia organizada.

​La situación de Nohemí Estrella —hija de Octavio Leal Moncada, cabecilla del grupo armado— contrasta fuertemente con su historial: en 2022 fue detenida en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de secuestro, y hoy cuenta con requerimientos vigentes por delincuencia organizada. Sin embargo, comparte algo más que afinidades; el documento revela que ambas tramitaron su protección legal bajo la misma representación de la abogada Eribel Mejía Barrios, compartiendo defensa con la cabeza de una organización paramilitar que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) clasifica como un brazo operativo del Cártel del Golfo.

​Nexos, poder y omisiones

​Desde el inicio de su gestión, la relación de Tania Contreras con la Columna Armada ha estado bajo la lupa. Informes de inteligencia nacional y extranjera vinculan a dicha organización con el tráfico de armas y la trata de migrantes. No obstante, durante su paso como consejera jurídica del gobierno estatal, Contreras evitó promover cualquier causa o denuncia contra las actividades irregulares del grupo de Octavio Leal.

​A esto se suman los cuestionamientos sobre sus lazos familiares con Juan Carlos Madero Larios, exfuncionario de la Agencia Nacional de Aduanas señalado por la propia SEDENA —en un oficio enviado por el entonces general secretario Luis Cresencio Sandoval— como una pieza central en una red de contrabando de hidrocarburos.

​La justicia detenida para el ciudadano común

​Mientras las altas esferas del poder disfrutan de blindajes judiciales inmediatos, el panorama para el ciudadano de a pie es desolador. Casos que antes se resolvían en un promedio de seis meses, hoy acumulan hasta año y medio de parálisis en los tribunales federales, donde la injerencia de actores como Javier Valdez Perales mantiene los expedientes en el limbo.

​Abusos de poder, arbitrariedades y fabricación de delitos —muchas veces con la intención oculta de despojar de sus tierras a habitantes del centro de Tamaulipas— configuran una crisis institucional profunda. Mientras los ciudadanos inocentes sufren la privación de su libertad sin respuestas prontas ni expeditas, las estructuras criminales continúan operando con la certeza de que, para ellos, la justicia siempre será a la carta.


Una alianza que enciende las alertas: La gravedad de este hecho radica en que la máxima autoridad impartidora de justicia en el estado comparte de forma directa una misma protección legal y una misma defensa con una figura fuertemente vinculada al crimen organizado, evidenciando un preocupante colapso ético e institucional donde los límites entre el Estado y los grupos delictivos se desvanecen peligrosamente.
🔹 El origen del expediente negro: La revelación proviene del documento oficial del juicio de amparo 1062/2025-3, obtenido gracias a las indagatorias del activista Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxs, quien actualmente integra un expediente riguroso sobre la red de complicidades entre políticos, funcionarios públicos y cárteles de la droga.

🔹 Inmunidad y sospecha en el Poder Judicial: Si bien la decisión federal frena cualquier intento de captura, hasta el momento no se ha hecho pública una orden de aprehensión formal en contra de la magistrada presidente; sin embargo, el simple hecho de que recurra a los mismos recursos legales y comparta estrategia con una prófuga de la justicia por delincuencia organizada mancha la legitimidad y la honorabilidad de todo el sistema judicial tamaulipeco.

La abogada Eribel Mejía Barrios promovió el amparo “a nombre y en representación de Tania Contreras y Nohemí Estrella Leal”. El documento implica que la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas comparte defensa legal con la líder de una organización paramilitar conectada a los cárteles. La Columna Armada Pedro J. Méndez está vinculada al tráfico de armas y a la trata de migrantes, de acuerdo a órdenes de aprehensión vigentes contra sus miembros y a información filtrada a medios por agencias de inteligencia en México y en Estados Unidos.


miércoles, 30 de septiembre de 2026

TERROR EN LLERA DE CANALES






La sombra de la extorsión y el clan de "Memo Flores" que tiene a los ejidos bajo el yugo

Llera de Canales Tamaulipas. — “El silencio ya no es opción cuando la violencia y la intimidación tocan la puerta de nuestros hogares y negocios. Hoy, el miedo ha comenzado a cambiar de bando.”

Denuncia Ciudadana: El imperio del terror y la impunidad en Llera.

La desesperación de las familias y comerciantes en el municipio de Llera de Canales ha llegado a un punto de quiebre insostenible. A través de una denuncia pública enviada a este espacio, ciudadanos cansados de la opresión alzan la voz para exponer una red de extorsión, cobro de piso y amenazas sistemáticas que mantiene a la región bajo un clima de constante zozobra.

De acuerdo con los testimonios recabados, un sujeto identificado como Guillermo Flores, ampliamente conocido en la zona como "Memo Flores", opera con total impunidad en los ejidos y comercios locales. Lejos de buscar el bienestar de su comunidad, este individuo y su grupo de allegados han convertido la intimidación en un negocio lucrativo.


La red de abusos y el miedo institucional

Los afectados señalan que este grupo opera escudándose en supuestas influencias y presuntos vínculos con la delincuencia organizada y autoridades locales. Amenazan abiertamente a los pobladores con que “nadie les puede hacer nada” y aseguran contar con protección oficial, lo que ha generado un clima de profunda desconfianza en las instituciones.


Ante este panorama de indefensión:

𝐍𝐞𝐠𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐲 𝐞𝐣𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐚𝐬𝐞𝐝𝐢𝐚𝐝𝐨𝐬: 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐧 𝐜𝐮𝐨𝐭𝐚𝐬 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐚𝐦𝐞𝐧𝐚𝐳𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐚𝐠𝐫𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧.


𝐃𝐞𝐬𝐩𝐥𝐚𝐳𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐟𝐨𝐫𝐳𝐚𝐝𝐨: 𝐄𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫 𝐬𝐞𝐦𝐛𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐡𝐚 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐝𝐨 𝐚 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐬 𝐚 𝐚𝐛𝐚𝐧𝐝𝐨𝐧𝐚𝐫 𝐬𝐮𝐬 𝐡𝐨𝐠𝐚𝐫𝐞𝐬, 𝐬𝐮𝐬 𝐭𝐢𝐞𝐫𝐫𝐚𝐬 𝐲 𝐬𝐮𝐬 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚𝐫 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐠𝐢𝐨 𝐞𝐧 𝐨𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨𝐬.

𝐀𝐠𝐫𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐥 𝐧𝐮𝐜𝐥𝐞𝐨 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫: 𝐋𝐨𝐬 𝐚𝐟𝐞𝐜𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐨 𝐲𝐚 𝐧𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐭𝐚 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞𝐬, 𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐚 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐝𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚 𝐲 𝐬𝐮𝐬 𝐟𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨.

Entre los operadores de esta red también se señala a un sujeto conocido como "El Man de Compuertas" (identificado en los reportes gráficos con camisa azul), quien junto con otros cómplices se dedica a aterrorizar a los habitantes, ostentándose con una supuesta autoridad que no poseen.


Llamado Urgente a la Acción

Desde este espacio periodístico, hacemos un llamado enérgico y categórico a las autoridades estatales y federales, así como a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, para que intervengan de manera inmediata en el municipio de Llera de Canales.

La ciudadanía exige una investigación exhaustiva, imparcial y de fondo que desmantele esta red de extorsión, garantice la seguridad de las familias y restablezca el Estado de derecho en la región. Ningún grupo ni individuo puede estar por encima de la ley. Es momento de actuar antes de que el costo social sea irreparable.

¿Tienes alguna denuncia similar? La información se maneja con estricta confidencialidad.

jueves, 3 de septiembre de 2026

ABOGADO DEL MAYO ZAMBADA, arma escándalo en Polanco.

¿Soberbia o impunidad? Juan Pablo Penilla litiga entre lujos y la sombra del narcotráfico

CIUDAD DE MÉXICO.— Vestido impecable, con el ademán holgado de quien se sabe blindado por las más altas esferas del poder público, Juan Pablo Penilla Rodríguez recorre las calles exclusivas de Polanco. No oculta su paso ni disimula su estilo. El penalista mexicano, hoy enfocado en litigios de alto perfil en el corazón financiero de la capital, vuelve a colocarse bajo los reflectores de la opinión pública, arrastrando consigo un expediente de contradicciones que sintetiza la encrucijada del sistema de justicia en México.

El litigante Penilla Rodríguez protagonizó un altercado en el restaurante Karisma, ubicado en la exclusiva zona de Polanco, luego de que el personal del establecimiento se negara a brindarle servicio. El incidente pone nuevamente en evidencia las profundas inconsistencias de la clase política que lo ha cobijado.

​Penilla Rodríguez no es un desconocido. Su nombre escaló a la conversación nacional tras asumir la representación legal de figuras clave del crimen organizado, entre ellas Ismael "El Mayo" Zambada. Sin embargo, lo que causa indignación en diversos sectores no es solo la naturaleza de sus clientes, sino el ostentoso andamiaje institucional que lo ha cobijado.

​El abogado ostenta galardones otorgados por el Senado de la República y ha transitado sin sobresaltos por la función pública, llegando a desempeñarse como asesor jurídico del Gobierno del Estado de Tamaulipas. Esa estrecha cercanía con la élite política es la misma que hoy, según observadores y críticos del gremio, le permite actuar con una desenvoltura que raya en la provocación.

​Mientras miles de víctimas claman por justicia y el país enfrenta las secuelas de la violencia, la estampa de Penilla escandalizando en Polanco expone el rostro de una clase jurídica que opera en la comodidad de las influencias. Una postal donde los reconocimientos oficiales y las defensas del narcotráfico conviven sin pudor, amparados por un respaldo político que sigue dando de qué hablar.



miércoles, 26 de agosto de 2026

VICE FISCAL DE LA COLUMNA ARMADA

 PEDRO EFRAÍN GONZÁLEZ ARANDA 

El inquietante ascenso del Vicefiscal de Alto Impacto en Tamaulipas

​Por Nestor Troncoso 

​¿Puede quien defendió a imputados por homicidio, delincuencia organizada y miembros de la Columna Armada ser hoy el encargado de encarcelar a los criminales de mayor impacto en Tamaulipas? Un expediente audiovisual silenciado por años y una cadena de resoluciones judiciales al descubierto exigen una explicación inmediata. No se trata de un simple cambio de empleo; es la delgada línea entre la impartición de justicia y el conflicto de interés estructural en las entrañas de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

𝗘𝗹 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗮: 𝗟𝗮 𝗽𝗿𝘂𝗲𝗯𝗮 𝗲𝗻 𝘃𝗶𝗱𝗲𝗼 (𝟮𝟬𝟭𝟴)

​Un video fechado el 19 de mayo de 2018, conservado celosamente como material de investigación periodística, marca el inicio de una trama que hoy alcanza las esferas más altas del poder judicial estatal. En la grabación se observa a Juan José Contreras Castillo y al abogado Pedro Efraín González Aranda actuando de manera conjunta en una audiencia pública celebrada en Padilla, Tamaulipas, dentro del expediente registral 007/2018.

​En aquel momento, ambos asumieron la defensa técnica de personas procesadas por delitos de alta gravedad: homicidio y asociación delictuosa. Aquel litigio concluyó de forma favorable para sus representados mediante la obtención de un juicio de amparo federal. Sin embargo, el fondo de la nota periodística trasciende el resultado de ese juicio: evidencia una sólida relación profesional de colaboración entre González Aranda y Contreras Castillo que data, al menos, de hace seis años.


𝗘𝗹 𝗮𝗻𝘁𝗲𝗰𝗲𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗟𝗲𝗮𝗹 𝗠𝗼𝗻𝗰𝗮𝗱𝗮 𝘆 𝗲𝗹 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹 𝗦𝘂𝗽𝗿𝗲𝗺𝗼 (𝟮𝟬𝟮𝟮)

​Cuatro años más tarde, en 2022, el nombre de Pedro Efraín González Aranda emergió nuevamente en el epicentro de un proceso penal de alto impacto. Esta vez figuró formalmente como el defensor particular de Octavio Leal Moncada, dentro de la causa penal 02/2022.

​La constancia institucional no deja espacio para la duda. En el acta oficial del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, González Aranda quedó expresamente acreditado en las actuaciones del Toca Penal 111/2022. La estrategia jurídica volvió a rendir frutos: el recurso de apelación concluyó con la revocación del auto de formal prisión dictado originalmente contra Leal Moncada.

​Contexto Clave y Vínculos Documentados:

​Vínculos señalados: Tanto Juan José Contreras Castillo como Octavio Leal Moncada han sido vinculados públicamente con la estructura de la organización denominada Columna Armada Pedro J. Méndez.

​Investigación federal: En el caso de Contreras Castillo, existe además una investigación federal en curso por delincuencia organizada.

​Garantía constitucional: Ejercer la defensa legal de cualquier imputado es un derecho constitucional legítimo. Lo alarmante no es el ejercicio de la abogacía, sino el posterior salto al control de las fiscalías de élite.


𝗘𝗹 𝘀𝗮𝗹𝘁𝗼 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹: 𝗗𝗲 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝘀𝗼𝗿 𝗮 𝗩𝗶𝗰𝗲𝗳𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗔𝗹𝘁𝗼 𝗜𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁𝗼

​Hoy, el escenario ha dado un giro institucional drástico. Pedro Efraín González Aranda ya no litiga desde el banquillo de los defensores particulares. Actualmente ocupa la titularidad de la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto y de Violaciones a Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

​Esta Vicefiscalía opera bajo el mando directo del Fiscal General del Estado, Jesús Eduardo Govea Orozco. No obstante, la relación entre ambos tampoco es nueva. Expedientes de la antigua Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas confirman que Govea Orozco y González Aranda compartieron responsabilidades dentro de la estructura institucional de la procuraduría años atrás.


𝗘𝗹 𝗮𝗻𝗮́𝗹𝗶𝘀𝗶𝘀 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝗮𝗿𝗶𝗼: 𝗣𝗿𝗲𝗴𝘂𝗻𝘁𝗮𝘀 𝘀𝗶𝗻 𝗿𝗲𝘀𝗽𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮

​Esta investigación no pretende establecer responsabilidades por mera asociación ni vulnerar el principio de presunción de inocencia. Se trata de seguir rigurosamente la ruta del dinero, los expedientes, los videos y los nombramientos públicos.

​La pregunta periodística fundamental no es si un litigante tiene derecho a defender a acusados de delitos graves. La verdadera interrogante institucional es de rigor ético y de seguridad pública:

-​¿Cómo evolucionó la carrera de Pedro Efraín González Aranda desde sus litigios compartidos con perfiles investigados por delincuencia organizada hasta convertirse en el funcionario de máxima confianza en la Fiscalía estatal?

-​¿Qué explicaciones operativas y políticas justifican que quien en 2018 litigaba junto a Juan José Contreras Castillo y en 2022 defendía a Octavio Leal Moncada sea hoy el encargado de investigar, perseguir y procesar los delitos de alto impacto en Tamaulipas?

-​¿Cuál ha sido el alcance real de la relación profesional entre González Aranda, Contreras Castillo, Leal Moncada y el Fiscal Govea Orozco a lo largo de estos años?

POR ÚLTIMO: ¿quién le está brindando protección a Juan José Contreras Castillo y otros miembros de la columna Armada para que las órdenes de aprehensión que pesan en su contra no se ejecuten?

​La respuesta no debe dejarse a la especulación política ni a los boletines oficiales; se encuentra asentada en los expedientes judiciales, los archivos de audiencias y los nombramientos gubernamentales.


lunes, 27 de julio de 2026

CDG RECLAMEN CUMPLIMIENTO DE PACTOS DE GUARDIA ESTATAL

 
Escándalo en Tamaulipas: Cártel del Golfo lanza amenazas y acusa de corrupción a mandos de la Guardia Estatal

CAMARGO, TAMAULIPAS — La tensión en la llamada Frontera Chica escaló de manera drástica este fin de semana, luego de que presuntos integrantes del Cártel del Golfo (CDG) colocaran narcomantas en el municipio de Camargo. En los mensajes, el grupo delictivo lanza amenazas directas y graves acusaciones de corrupción en contra de altos mandos de la Guardia Estatal.

De acuerdo con los reportes oficiales y la información recabada, los mensajes intimidatorios están firmados por un operador identificado como el “Comandante Gael Metro 220”, y señalan directamente al director de Operaciones de la corporación, el teniente coronel José Facundo Pacheco Chable, así como al comandante operativo Frontera, el policía tercero Roberto Iván López Espinoza, además de los elementos Jonathan y Maldonado, apodado "El Cabezón".

Acusaciones de corrupción y ruptura de supuestos pactos

El contenido de las mantas deja al descubierto un supuesto conflicto derivado del incumplimiento de acuerdos previos entre autoridades y la delincuencia organizada. En el texto expuesto públicamente, el grupo criminal reclama operativos recientes en Camargo y el ejido Comales —puntos clave en la región fronteriza— y exige el cese de acciones en su contra, reprochando el aseguramiento de pipas y dinero.

❞𝙔𝙖 𝙙𝙚́𝙟𝙚𝙣𝙨𝙚 𝙙𝙚 𝙘𝙝𝙞𝙣𝙜𝙖𝙙𝙚𝙧𝙖𝙨 𝙮 𝙧𝙚𝙨𝙥𝙚𝙩𝙚𝙣 𝙚𝙡 𝙖𝙘𝙪𝙚𝙧𝙙𝙤 𝙦𝙪𝙚 𝙩𝙚𝙣𝙚𝙢𝙤𝙨, ¿𝙤 𝙣𝙤 𝙩𝙞𝙚𝙣𝙚𝙣 𝙥𝙖𝙡𝙖𝙗𝙧𝙖❓ 𝘿𝙚𝙟𝙚𝙣 𝙙𝙚 𝙧𝙤𝙗𝙖𝙧𝙡𝙚 𝙖 𝙢𝙞 𝙜𝙚𝙣𝙩𝙚...❞, 𝙨𝙚 𝙡𝙚𝙚 𝙙𝙚 𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖 𝙩𝙚𝙭𝙩𝙪𝙖𝙡 𝙚𝙣 𝙪𝙣𝙖 𝙙𝙚 𝙡𝙖𝙨 𝙢𝙖𝙣𝙩𝙖𝙨 𝙙𝙚𝙨𝙥𝙡𝙚𝙜𝙖𝙙𝙖𝙨, 𝙙𝙤𝙣𝙙𝙚 𝙩𝙖𝙢𝙗𝙞𝙚́𝙣 𝙨𝙚 𝙡𝙖𝙣𝙯𝙖𝙣 𝙖𝙙𝙫𝙚𝙧𝙩𝙚𝙣𝙘𝙞𝙖𝙨 𝙨𝙤𝙗𝙧𝙚 𝙡𝙖 𝙛𝙞𝙡𝙩𝙧𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙙𝙚 𝙢𝙖𝙩𝙚𝙧𝙞𝙖𝙡 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙧𝙤𝙢𝙚𝙩𝙚𝙙𝙤𝙧 𝙨𝙞 𝙡𝙖𝙨 𝙤𝙥𝙚𝙧𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙚𝙨 𝙥𝙤𝙡𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡𝙚𝙨 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙞𝙣𝙪́𝙖𝙣.


Contexto de violencia en la Frontera Chica

Esta nueva confrontación ocurre en un escenario de alta vulnerabilidad para la ciudadanía. En los últimos meses, la región ha sido epicentro de:

Bloqueos carreteros y protestas: Denuncias ciudadanas apuntan a que estas movilizaciones son forzadas e instigadas por el propio grupo delictivo mediante amenazas para presionar el repliegue policial.

Ataques armados: Emboscadas, agresiones con artefactos explosivos y atentados directos en contra de elementos de seguridad estatal.

Operativos conjuntos: Acciones de patrullaje permanente, instalación de Estaciones Seguras y cateos coordinados con fuerzas federales para contener el avance de la delincuencia.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas ni las instancias correspondientes han emitido un posicionamiento oficial respecto a las graves acusaciones vertidas en los mensajes contra los mandos policiales mencionados. Mientras tanto, la ciudadanía permanece en medio de un clima de zozobra ante la escalada de tensiones en la zona norte del estado.

jueves, 16 de julio de 2026

POLICÍA ANTISECUESTRO SE DEDICABA A SECUESTRAR

 Cae exintegrante de la FGR por simular cateo, robar 800 mil pesos y secuestrar a una mujer en Querétaro


El imputado y sus cómplices utilizaron papelería apócrifa para simular un cateo federal en una empresa de Colón, Querétaro, el pasado 12 de junio de 2026.

​Por Néstor Troncoso 

Miércoles, 15 de julio de 2026

​CIUDAD DE MÉXICO.- Un exservidor público de la Fiscalía General de la República (FGR), identificado como Jorge Iván Acuña Espinoza (mencionado institucionalmente como Jorge “N”), fue detenido por su presunta participación en un violento operativo falso en el municipio de Colón, Querétaro. Al imputado se le acusa de aliarse con un grupo delictivo para simular un cateo legal con el fin de robar y secuestrar.

​De acuerdo con el informe oficial emitido por la FGR este miércoles, los hechos ocurrieron el pasado mes de junio. Acuña Espinoza, quien se desempeñaba como servidor público al momento del crimen, colaboró con un comando de personas que se hicieron pasar por agentes federales para ingresar a las instalaciones de una empresa queretana, argumentando falsamente que cumplirían órdenes de aprehensión y de cateo.

​El botín y el secuestro

​Una vez dentro del inmueble, los falsos agentes sometieron a los empleados para consumar las siguientes acciones:

​Robo económico: Sustrajeron aproximadamente 800 mil pesos en efectivo.

​Robo material: Se apoderaron de equipo de cómputo de la empresa.

​Privación ilegal de la libertad: Secuestraron a una mujer que se encontraba en el lugar.

​La víctima fue trasladada por los delincuentes a través de los estados de Hidalgo y el Estado de México, hasta llegar a la Ciudad de México. Horas más tarde, alrededor de las 17:30 horas del mismo día, la mujer fue rescatada sana y salva gracias a un operativo conjunto, donde también se detuvo a parte de la banda criminal.

​Captura en la CDMX y detenciones previas

​Jorge “N” fue localizado y capturado en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Su detención fue el resultado de trabajos de inteligencia y campo coordinados por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía de Investigación del Estado de Querétaro. El exfuncionario enfrenta cargos por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro agravado y robo calificado.

​“La Fiscalía General de la República ha instaurado un régimen de cero tolerancia frente a cualquier delito, acto de corrupción, negligencia o falta administrativa que cometan servidores públicos federales”, sentenció la institución en su comunicado.

​Cabe destacar que el día de los hechos las autoridades ya habían logrado importantes detenciones vinculadas al caso:

​En San Juan del Río, Querétaro: Fueron capturados José Ricardo Hernández Castillo, Jorge Brithwaldo Cr

uz López y Luis Soriano Morales.

​En la Ciudad de México (durante el rescate): Se detuvo a Elizabeth Alejandra Vázquez Montaño, Adán Soule Romero, Roberto Gelover Valdez y Óscar Gabriel Hernández Castillo. A este grupo se le aseguraron documentos apócrifos relacionados con la supuesta orden de aprehensión y las actas de cateo falsas.

​El exmiembro de la FGR y el resto de los involucrados ya se encuentran a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para determinar su situación legal.




LOS 53 MIGRANTES DE SAN ANTONIO

Dos países, varias redes investigadas y siete órdenes de aprehensión pendientes de esclarecer Una nueva sentencia en Estados Unidos Es...