En gran parte del país existe una colusión silenciosa entre el estadio y el narco para silenciar a la prensa. En este caso policía municipales y el grupo sombra son señalados de ser los responsables del secuestro y ejecución de la periodista Roxana Valdés.
Moloacán, Veracruz.
La delgada línea que debería separar a las instituciones del orden del crimen organizado se ha desvanecido por completo en el sur de Veracruz. El reciente quiebre en la investigación sobre el homicidio de la periodista Roxana ha destapado, una vez más, las entrañas de una maquinaria de terror donde las armas del narcotráfico y las placas de la ley apuntan hacia el mismo objetivo: silenciar la verdad.
Detrás de este crimen no solo operaron los fusiles del denominado "Grupo Sombra" —una sanguinaria escisión criminal de la región—; en el asiento del copiloto viajaba la propia autoridad local.
El uniforme como escudo del crimen
La colusión de la Policía Municipal en este homicidio no representa un caso aislado ni un error del sistema: es el sistema operando para el bando contrario. En regiones donde el control territorial es absoluto, las corporaciones locales han dejado de responder al ciudadano para convertirse en el brazo administrativo e institucional de los cárteles.
"Cuando una patrulla municipal participa en la entrega o captura de un periodista, el Estado deja de ser omiso y se transforma en coautor", señalan defensores de la libertad de expresión.
En el caso de Roxana, la participación de los oficiales locales presuntamente facilitó el blindaje operativo del "Grupo Sombra". La policía local pasó de patrullar las calles a vigilar los perímetros para que los sicarios ejecutaran su labor sin interrupciones. El uso de ranchos apartados para "cocinar" a las víctimas —término criminal utilizado para la destrucción absoluta de cuerpos mediante fuego o químicos— busca precisamente borrar toda huella forense y asegurar una impunidad permanente bajo la figura de una "desaparición".
Veracruz: la fosa de la palabra
Veracruz se consolida manteniéndose en los registros negros como una de las geografías más letales del mundo para ejercer el periodismo. El patrón es sistemático y asfixiante:
Un reportero local investiga la corrupción o los nexos de un alcalde o comisario.
El funcionario recurre al grupo criminal dominante para "resolver el problema".
La policía local ejecuta el arresto o facilita el secuestro.
El silencio cubre la región.
Esta complicidad estructural genera un efecto de autocensura devastador. Cuando un periodista sabe que denunciar al crimen organizado implica también denunciar a quien porta el uniforme y la patrulla a la vuelta de su casa, el silencio se vuelve la única alternativa de supervivencia.
La captura de los cinco policías y del presunto líder material en Moloacán abre una ventana para la justicia, pero también deja una dolorosa certeza en el aire. La mayor amenaza para la prensa en México ya no solo se esconde en las sombras de las casas de seguridad; muchas veces, duerme dentro de los propios cuarteles de policía.
El eco del horror en el monte de Moloacán
Al adentrarse en aquel predio inhóspito y sepulcral, las autoridades no solo se toparon con la desolación de un paraje abandonado; los recibió la densa atmósfera de la muerte. Entre los vestigios de un abandono moral y el silencio cómplice del monte, yacían esparcidos fragmentos óseos y tejido humano. Eran los últimos rastros que quedaban de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, según la confesión de José del Carmen Cadena Escayola, quien fungió como su captor y verdugo en complicidad con su esposa, Karen Montserrat Cortés Morales, ambos hoy bajo el resguardo de la justicia según confirmó la Fiscalía General del Estado.
Esas cenizas y residuos fueron el resultado de un ritual de exterminio tan frío como sistemático, conocido en las entrañas del crimen organizado como "cocinar" o "pozolear". El procedimiento es una coreografía de horror absoluto: la víctima es sometida primero al desmembramiento manual con hachas y machetes, reduciendo su humanidad a fragmentos. Acto seguido, los restos son depositados en un tambo metálico de 200 litros, el cual es colmado con ácido corrosivo o combustible fósil. Durante horas agónicas, el contenedor es atizado bajo el fuego, consumiendo la carne, los huesos y la identidad de la víctima hasta convertir el cuerpo del delito en una masa irreconocible.
Los perpetradores ejecutaron esta barbarie en lo más profundo de la maleza, donde los gritos no tienen eco y las columnas de humo se pierden en el horizonte. Sabían que el hedor desprendido por la combustión de tejido humano delataría su ubicación en cualquier zona habitada. Les urgía borrar de la faz de la tierra hasta la última molécula de evidencia; el clamor nacional e internacional provocado por el "levantón" de la comunicadora había encendido las alarmas, y la única salida para los criminales era convertir la verdad en humo y cenizas.
