domingo, 7 de junio de 2026

¿LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

 El Eco de la Verdad: Reflexiones sobre el Precio de Nuestra Voz

Por Néstor Troncoso


​Hoy, en México, los calendarios nos marcan el Día de la Libertad de Expresión. Hubo un tiempo, resguardado en la memoria de las viejas costumbres, en que esta fecha se vestía de manteles largos; los periodistas se reunían, las copas chocaban en brindis compartidos con políticos y gobernantes, y la ilusión de un diálogo armónico parecía llenar los salones. 

Sin embargo, al mirar por la ventana de nuestra historia reciente, el paisaje que se dibuja es profundamente distinto y nos invita a una pausa obligada, a un silencio que nos permita escuchar el verdadero latido de nuestra realidad.

​La desafortunada verdad que hoy nos abraza es otra. Despertamos cada día en el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo.

 Las cifras no son simples estadísticas en un papel; son nombres, son plumas silenciadas, son ausencias irreparables y agresiones que las organizaciones internacionales han documentado con dolor y que, lamentablemente, están a la vista de todos. Escribir y documentar la realidad se ha convertido en un acto de resistencia que, muchas veces, se ejerce caminando por el filo de la incertidumbre.

​Pero la libertad de expresión no es un feudo exclusivo de quienes empuñamos una libreta o una cámara. Aunque el periodista sea un estudioso y artesano de la información, este derecho fundamental es el oxígeno que respira cualquier sociedad sana. Toca la vida del médico, del estudiante, del abogado y del trabajador. Por ello, no es solo el gremio periodístico quien debe detenerse a pensar en este día; es el alma misma de la sociedad la que está llamada a una reflexión profunda.

​Si miramos nuestro entorno con el corazón abierto y la mente clara, es vital detenernos en una encrucijada y preguntarnos: ¿Cuál es la delgada línea que separa a la libertad de expresión, al periodismo auténtico y a la propaganda oficial? Y, yendo un paso más allá en nuestra introspección: ¿qué es lo que realmente abunda hoy en las calles y pantallas de México?

​Al recorrer este camino, arribo a una conclusión que nace desde la trinchera de mis propios días y replanteo la pregunta fundamental: ¿Existe verdaderamente la libertad de expresión en nuestro país?

​Mi respuesta es corta, pero lleva consigo el peso de los años: Sí existe, ¿pero a qué costo? Y esta afirmación no nace de la teoría, sino de lo que a mí me consta, de la crudeza de la experiencia vivida en campo y de mi propia necedad, casi vital, de seguir ejerciendo mi derecho a nombrar lo que ocurre, buscando siempre arrojar luz en medio de la penumbra.

​La libertad vive, pero respira sostenida por la valentía de quienes se niegan a callar. Por ello, en este día de conmemoración y luto silencioso, dejo en el aire una interrogante, no para ser respondida de inmediato, sino para que encuentre eco en la conciencia de cada uno de nosotros:

​Si la libertad de expresión es el derecho de todos a conocer la verdad, ¿estamos como sociedad dispuestos a arropar y defender a quienes arriesgan todo para contárnosla, o seguiremos siendo espectadores silenciosos del desvanecimiento de nuestra propia voz?

domingo, 31 de mayo de 2026

EL ESTADO ENTREGANDO PERIODISTAS A LOS VERDUGOS


7 años en que el gobierno mexicano entregó el periodista Néstor Troncoso al grupo de asesinos de la columna armada, hoy la historia se vuelve a repetir, los asesinos lo buscan como perros de casa. 


El periodismo en México agoniza bajo una promesa rota. Mientras el discurso oficial insiste en la existencia de mecanismos institucionales para garantizar nuestra labor, la realidad es implacable: la protección prometida es una simulación burocrática, un puñado de papeles archivados en el fondo de un escritorio y un botón de pánico que reduce la vida a un desesperado llamado de auxilio. Solo tras el persistente regateo de organizaciones internacionales y el ruego de las propias víctimas, el Estado cede a otorgar medidas complementarias; concesiones tardías que, en ningún momento, garantizan la integridad del periodista ni la de su familia.

Esta no es la primera vez que enfrento la furia de los grupos criminales o el asedio del poder político. No es la primera vez que mi integridad física y moral es violentada, ni la primera ocasión en que el crimen organizado le pone precio a mi cabeza. No son conjeturas: los hechos están a la vista de todos, y ha sido el propio grupo de la columna armada quien lo ha manifestado públicamente.

​Lo verdaderamente ultrajante es que tampoco es la primera vez que el gobierno me entrega a mis verdugos o me deja a su merced.

El 31 de mayo de 2019, portando las medidas cautelares del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, estuve a punto de perder la vida a manos de los sicarios de la columna armada. Aquel día, fue la propia autoridad federal quien me condujo hacia ellos.

​Hoy, la historia se repite con un eco macabro. Siete años después, la persecución no ha dado tregua. Mi voz sigue siendo incómoda para el crimen porque insiste en señalar sus atrocidades, en evidenciar sus delitos y en forzar a las autoridades federales a emitir órdenes de aprehensión que, trágicamente, terminan durmiendo el sueño de los justos en el cajón del olvido.

No puedo culpar únicamente al sicario o al cartel que hoy planea mi ejecución y ofrece dos millones de pesos por mi vida. El verdadero horror radica en la complicidad implícita: es evidente que el gobierno les ha facilitado la información necesaria para rastrear mi ubicación.

Frente a la inminencia del peligro y el desamparo institucional, la tibieza ya no es una opción. Desde este momento, hago responsable al Estado mexicano de cualquier atentado contra mi integridad física y la de mi familia. Si el silencio es el destino que nos deparan, que quede constancia de quiénes firmaron la sentencia de muerte.

domingo, 10 de mayo de 2026

EL BÚNKER DE LA MONTAÑA

CAE "FORTALEZA" EN SAN PEDRO: MARINA CATEA MANSIÓN VINCULADA AL HUACHICOL FISCAL

Por: Néstor Troncoso 

​Se estrecha el cerco contra el huachicol fiscal en Nuevo León y Tamaulipas

​Este lunes, autoridades ejecutaron un cateo en una residencia de la colonia Valle de San Ángel, en San Pedro Garza García. El inmueble está presuntamente vinculado a Roberto Brown Cantú, apodado "El Señor de los Buques". La operación ha generado tensión entre empresarios, políticos y socios de Reynosa, particularmente aquellos involucrados en el transporte de hidrocarburos que operaron bajo un esquema de impunidad durante años.


San Pedro Garza García, N.L.

​Bajo el barniz de exclusividad que caracteriza a la colonia Valle de San Ángel, en el municipio de San Pedro, se escondía algo más que lujo: una estructura operativa de alto nivel. Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) irrumpieron en una residencia que, según fuentes de inteligencia naval, servía como nodo central para una red de huachicol fiscal con ramificaciones que alcanzan las altas esferas políticas de Tamaulipas.

​La propiedad no pasaba desapercibida para quienes habitan la zona. Vecinos, que prefirieron el anonimato por seguridad, describieron la mansión como una "fortaleza" blindada. El inmueble contaba con vigilancia privada las 24 horas, operada por hombres armados que custodiaban el perímetro día y noche.

​El operativo de la Marina no fue fortuito. Responde a una investigación que sigue el rastro de:

​Empresarios del sector hidrocarburos.

​Funcionarios activos de la administración de Reynosa.

​Un exalcalde cuya trayectoria ha estado marcada por contratos millonarios y un crecimiento patrimonial difícil de justificar.

​La conexión binacional: Bajo la lupa de EE. UU.

​El cateo en Nuevo León no es un evento aislado, sino una pieza más en un rompecabezas transfronterizo. Actualmente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), y la Fiscalía de Texas mantienen expedientes abiertos contra perfiles políticos y empresariales de la región noreste de México.

​"El huachicol fiscal no es solo el robo de combustible; es una ingeniería financiera que requiere de aduanas, facturación falsa y, sobre todo, protección política", señaló una fuente cercana a la investigación.

Un entramado de "Padrinos Políticos"

La investigación sugiere que el éxito de esta red de hidrocarburos no se cimentó en el mercado libre, sino en un sistema de favores políticos y concesiones opacas. La presencia de funcionarios de Reynosa y exediles en la lista de objetivos refuerza la tesis de que el huachicol fiscal ha servido como motor de financiamiento para proyectos políticos en la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado los nombres de los detenidos o el monto de lo asegurado dentro de la propiedad, pero el despliegue militar deja claro que el golpe apunta al corazón financiero de la organización. La "pax sampetrina" se vio interrumpida, recordándole al estado que, a veces, los negocios más oscuros se esconden en las direcciones más privilegiadas.



miércoles, 22 de abril de 2026

ANTE EL ABISMO DE LA AUSENCIA

UN LLAMADO URGENTE AL ALTO COMISIONADO VOLKER TÜRK

​Por: Nestor Troncoso 

​México no es solo un país de paisajes y cultura; es, lamentablemente, una geografía de fosas y deudas históricas. Mientras el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, recorre nuestras tierras, se encuentra con una realidad que las autoridades intentan maquillar con burocracia, pero que las madres buscadoras desnudas con su dolor y exigencias.  




𝗟𝗮 𝘀𝗶𝗺𝘂𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗽𝗼𝗹𝗶́𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼

​La crisis de desapariciones en México ha alcanzado un punto de no retorno donde la ineficiencia institucional parece ser una estrategia deliberada. Los colectivos, liderados por voces valientes como la de María Icela Chaidez, denuncian una alarmante falta de coordinación en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). La existencia de registros duplicados y datos contradictorios entre fiscalías y comisiones de búsqueda no es un error técnico, sino el reflejo de una nula voluntad política para enfrentar la verdad.  

​Resulta imperativo que el Alto Comisionado Türk observe con ojo crítico lo que los colectivos denominan "elefantes blancos": instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y el Centro Nacional de Identificación Humana, que operan con presupuesto pero sin un impacto real en la localización e identificación de cuerpos.

 Existe una sospecha legítima sobre si estas entidades son solo fachadas para simular una labor científica que, en la práctica, se encuentra fragmentada y mermada por la desidia de las fiscalías.  

𝗘𝗹 𝗴𝗿𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗺𝗮𝗱𝗿𝗲𝘀 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗲𝗹 𝗼𝗰𝘂𝗹𝘁𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼

​La desesperación de las familias no solo emana de la ausencia de sus seres queridos, sino del esfuerzo sistemático de las autoridades por minimizar la crisis. Se exige transparencia total y el acceso a la cronología de las carpetas de investigación, una herramienta vital para documentar las omisiones de los funcionarios. No se puede permitir que el Estado mexicano "socialice" cifras maquilladas mientras las fosas comunes y clandestinas siguen sin un mapa nacional preciso y actualizado que guíe a las familias hacia el hallazgo de sus familiares.  

​El abandono es total. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha demostrado una incapacidad sistemática para responder a las necesidades básicas de supervivencia de quienes se quedan. Las familias no solo buscan justicia; buscan becas para los huérfanos, apoyo psicológico para el trauma y financiamiento para emprendimientos que les permitan sobrevivir mientras dedican su vida a la búsqueda.  

​𝗨𝗻𝗮 𝗽𝗲𝘁𝗶𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗮𝘂𝗱𝗶𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗶𝗻𝗮𝗽𝗹𝗮𝘇𝗮𝗯𝗹𝗲

​Desde este espacio editorial, nos sumamos al llamado del Colectivo 10 de Marzo y de la Unión de Colectivos de Tamaulipas. Sr. Volker Türk, no puede concluir su visita sin escuchar directamente a quienes tienen la tierra en las manos y la esperanza en un hilo.  

𝗘𝘅𝗶𝗴𝗶𝗺𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗲 𝗼𝘁𝗼𝗿𝗴𝘂𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗮𝘂𝗱𝗶𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹 𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗶́𝗮 𝗜𝗰𝗲𝗹𝗮 𝗖𝗵𝗮𝗶𝗱𝗲𝘇 𝘆 𝗮 𝘀𝘂 𝗰𝗼𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗼.

​Las víctimas merecen compromisos verificables y no solo promesas diplomáticas. Es necesario que la OACNUDH audite los procesos de desclasificación de datos y que el Estado mexicano rinda cuentas sobre la reparación integral inmediata en casos donde agentes de seguridad han estado coludidos con el crimen organizado.  

​El mundo observa. La comunidad internacional no puede ser cómplice, por omisión, de un sistema que debilita sus propios instrumentos de búsqueda para ocultar la magnitud de su tragedia. Alto Comisionado, la voz de las madres buscadoras es la única brújula ética que queda en este conflicto; escúchelas.  

sábado, 11 de abril de 2026

EL ROBO DEL SIGLO. EN MÉXICO

CUANDO EL HUACHICOL FISCAL NOS ROBA EL FUTURO. 

Hay cifras que, por su magnitud, dejan de ser simples números para convertirse en bofetadas a la realidad nacional. Escuchar que el huachicol fiscal ha drenado de las arcas públicas la astronómica cantidad de 130 billones de pesos —sí, leyeron bien, un 130 seguido de doce ceros— no es solo una nota roja económica; es el relato del mayor saqueo sistemático en la historia moderna de nuestro país.

​Mientras usted lee estas líneas sorteando los baches de su calle o esperando meses por una cirugía en el sistema de salud pública, un grupo selecto de "intocables" ha construido imperios sobre la base de la evasión y el contrabando de combustibles. Lo que estamos presenciando es el robo del siglo, cometido no con pasamontañas, sino con facturas falsas, aduanas permisivas y complicidades de cuello blanco.


​       EL COSTO DE LA AVARICIA

​Para dimensionar esta tragedia financiera, hay que aterrizar los números al suelo que pisamos. Esos 130 billones de pesos no son abstracciones; son el hospital que no se construyó, la escuela que sigue sin techumbre y el pavimento que nunca llegó a su colonia. Con esa suma, el sistema de salud de México no solo funcionaría, sería de vanguardia mundial.

​"El huachicol fiscal no es un delito sin víctimas; las víctimas somos todos los mexicanos que pagamos impuestos mientras otros se enriquecen bajo el amparo del poder."

​El motor de la democracia... y de la corrupción

​Lo más alarmante no es solo el enriquecimiento ilícito de unos cuantos, sino el destino de esos recursos. Seamos claros: una parte considerable de este botín ha servido para financiar campañas políticas. Estamos ante un círculo vicioso perfecto y perverso: el dinero robado al pueblo se utiliza para comprar el poder que, a su vez, garantiza la impunidad para seguir robando.

​Este esquema convierte a nuestra democracia en una simulación financiada por el mercado negro. Cuando el dinero sucio fluye hacia las urnas, los gobernantes dejan de deberle su lealtad al ciudadano para entregársela al patrocinador que los ayudó a llegar.


          ​LA URGENCIA DE LA JUSTICIA


​No basta con señalar el hueco en el erario. Es imperativo que la justicia deje de ser un concepto retórico y se convierta en una acción punitiva. El huachicol fiscal es la vena abierta por donde se desangra el desarrollo de México.

​Si permitimos que este saqueo continúe pasando desapercibido bajo el ruido mediático cotidiano, nos estamos resignando a vivir en un país donde el crimen de cuello blanco es la vía más rápida hacia el éxito. Recuperar ese dinero —o al menos detener el flujo de la sangría— no es una cuestión de política, es una cuestión de supervivencia nacional.

​Es hora de preguntar: ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el lujo de unos cuantos se pague con las carencias de todos?


martes, 24 de marzo de 2026

​El Escándalo de la Avioneta N473EY

 DE LA FUGA DE GUANACASTE AL CONTROL DE SOTO LA MARINA.: El Siniestro Historial de Jorge Luis Jiménez Salinas, padre de Glynnis Georgina Jiménez Vázquez; alcaldesa de Soto La marina. 


​Lo que comenzó en 2014 como una persecución cinematográfica en las llanuras de Cañas, Costa Rica, ha mutado hoy en una red de poder político y control territorial en el corazón de Tamaulipas. Jorge Luis Jiménez Salinas, el hombre que una vez burló a la inteligencia centroamericana, se encuentra hoy en el ojo del huracán tras el reciente rescate de migrantes y las denuncias que lo señalan como el verdadero poder detrás del gobierno municipal de Soto La Marina.


​La historia criminal de Jiménez Salinas se internacionalizó en agosto de 2014. En aquel entonces, autoridades de Costa Rica interceptaron una avioneta Cessna 206, matrícula N473EY, en una pista clandestina de Guanacaste. El decomiso fue histórico: 400 kilogramos de cocaína y 1.8 millones de dólares en efectivo.

​Mientras sus cómplices caían, Jiménez Salinas —identificado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como el "cerebro" logístico— logró evadir el cerco policial. Los informes de inteligencia costarricense fueron claros: el destino final del cargamento y el origen del dinero apuntaban directamente a las estructuras delictivas de Tamaulipas. Desde entonces, Salinas permaneció como un fantasma para la Interpol, operando bajo las sombras hasta su reaparición en la política local tamaulipeca.

​EL RESCATE DE MIGRANTES: La Sombra del Hotel.

​El pasado 12 de marzo, la Guardia Estatal de Tamaulipas realizó un operativo en un hotel de Soto La Marina que culminó con la liberación de un grupo de migrantes centroamericanos. Aunque oficialmente se reportaron detenciones menores, fuentes locales y denuncias ciudadanas han vinculado directamente a Jiménez Salinas con la logística de este centro de retención ilegal.

​Testimonios recabados señalan que Salinas no solo opera como "jefe de plaza" territorial, sino que habría convertido al municipio en un corredor estratégico para el tráfico humano, aprovechando la infraestructura local y la presunta protección de las autoridades municipales.

​DINASTÍA Y PODER POLÍTICO: Financiamiento Bajo Sospecha.

​La gravedad de las acusaciones escala al ámbito político. Jorge Luis Jiménez Salinas es el padre de la actual alcaldesa de Soto La Marina, Glynnis Georgina Jiménez Vázquez. Diversos sectores señalan que la vertiginosa carrera política de su hija, así como la campaña del actual gobernador del estado, habrían sido financiadas con recursos de procedencia ilícita emanados de las actividades de Salinas.

​Esta estructura de "narcopolítica" ha generado una crisis de gobernabilidad en la región. Mientras la alcaldesa encabeza eventos de infraestructura, la sombra de su padre —el prófugo de la justicia costarricense— se proyecta sobre cada decisión del ayuntamiento.

Esto es una investigación periodistica la cual se compone de varias partes, el día de hoy realizamos la primera entrega.  El video corresponde a la fecha del 24 de agosto del 2014 publicado por Canal 7 en Costa Rica



miércoles, 4 de marzo de 2026

TAMAULIPAS Y EL NARCO ESTADO

La fotografía que revela el orden real del poder en Tamaulipas

Acto oficial en Tamaulipas: el gobernador Américo Villarreal posa junto a cuatro individuos identificados con órdenes de aprehensión federales por delincuencia organizada. La imagen exhibe una cercanía que contradice la función del cargo y normaliza la impunidad al interior del Estado.

La defensa de los derechos humanos no se ejerce únicamente en los tribunales o en las calles. También se ejerce en la interpretación pública de los actos de poder. Y en Tamaulipas, una imagen reciente obliga a examinar con seriedad la coherencia del Estado y la naturaleza de sus alianzas.

Durante la inauguración de la Virgen del Chorrito, el gobernador Américo Villarreal posó en un acto oficial junto a individuos que cuentan con órdenes de aprehensión por delitos graves, entre ellos secuestro y hechos vinculados al conflicto que ha marcado a la comunidad del ejido Buena Vista. No se trata de una fotografía casual ni de un gesto improvisado. Es un acto institucional que comunica pertenencia, legitimación y respaldo.

En un estado donde ciudadanos han sido perseguidos por defender su territorio, donde líderes comunitarios han sido asesinados sin que exista una investigación exhaustiva, y donde la justicia se ha aplicado de manera selectiva, esta imagen adquiere un peso político y ético que no puede minimizarse. La fotografía no solo exhibe cercanía: normaliza la impunidad.

Un defensor de derechos humanos no puede leer esta escena como un episodio aislado. Debe situarla en el patrón más amplio que ha caracterizado la relación entre el poder estatal y la violencia en la región. Cuando la autoridad se muestra públicamente con quienes la ley señala como responsables de delitos graves, el mensaje hacia la ciudadanía es claro: la justicia no es un principio, sino un recurso que se administra según conveniencias.

La función del Estado es proteger a la población, no enviar señales ambiguas que debiliten la confianza pública. En un territorio marcado por la violencia, cada gesto institucional tiene consecuencias. Y esta fotografía, difundida desde el propio aparato gubernamental, establece un orden simbólico que contradice la esencia misma del cargo.

A partir de esta evidencia, las conclusiones son inevitables:

- Un Estado que selecciona a quién perseguir y a quién proteger deja de ser Estado.  

- La justicia no puede depender de la cercanía al poder.  

- Cuando la autoridad se fotografía con presuntos responsables, envía un mensaje inequívoco: la ley es negociable.

La gobernabilidad no se sostiene con imágenes religiosas ni con discursos de unidad. Se sostiene con coherencia, con legalidad y con distancia ética frente a quienes representan una amenaza para la comunidad. Cuando el poder se alinea con quienes la ley persigue, la ciudadanía queda expuesta y la estructura institucional se debilita.

La defensa de los derechos humanos exige claridad, no confrontación. Exige autoridad moral, no estridencia. Y exige recordar que la legitimidad del Estado se construye en cada acto público, en cada silencio y en cada compañía que decide exhibir.

En Tamaulipas, esta fotografía no solo muestra una cercanía inconveniente: muestra el verdadero orden de prioridades del poder.

¿LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

 El Eco de la Verdad: Reflexiones sobre el Precio de Nuestra Voz Por Néstor Troncoso ​Hoy, en México, los calendarios nos marcan el Día de l...