domingo, 7 de diciembre de 2025

El Ejido Buenavista: Víctimas del Crimen y Rehenes del Poder Político

 DESPLAZAMIENTO FORZADO Y JUSTICIA NEGADA


 La Doble Condena: Entre el Sicariato y la Indiferencia Estatal

La tragedia del Ejido Buenavista, en Hidalgo, Tamaulipas, es una dolorosa radiografía de cómo la connivencia entre el crimen organizado y la clase política destruye el tejido social. Los pobladores de esta región no solo fueron víctimas de la brutalidad de la Columna Armada Pedro José Méndez —liderada por Octavio Leal Moncada—, sino que fueron, simultáneamente, rehenes de la inacción y la presunta complicidad de las más altas esferas del poder estatal.

El impacto humano en Buenavista es incalculable. No se trata solo de los cinco homicidios documentados el 8 de agosto de 2018, ni de los despojos de tierras que truncaron el sustento de familias enteras. Se trata de la pérdida de la vida en comunidad, la anulación de la seguridad básica y la destrucción de la fe en la justicia.

> El terrorismo territorial perpetrado por la Columna Armada no fue solo una acción criminal; fue una estrategia de control político que floreció bajo la sombra protectora de la impunidad estatal.

       El Enfoque Político: El Silencio Cómplice de Cabeza de Vaca y Verástegui

La responsabilidad de la administración de Francisco García Cabeza de Vaca y su Secretario General, César Verástegui Ostos, trasciende la simple omisión. Los gobernantes tienen el mandato constitucional de garantizar la seguridad y el acceso a la justicia. En el caso de Buenavista, este mandato fue flagrantemente traicionado, convirtiendo la indiferencia en una forma de complicidad política con los victimarios.

 * Bloqueo de la Justicia: La ausencia de intervención para proteger a los ejidatarios, a pesar de las constantes incursiones y las evidencias de violencia, sugiere una decisión deliberada de permitir que la Columna Armada operara sin contrapesos.

 * Persecución a las Víctimas: El señalamiento de que el gobierno se dedicó a fabricar órdenes de aprehensión contra quienes ya habían sido secuestrados es el culmen de la perversidad política. En lugar de perseguir a los sicarios identificados, se utilizó el aparato estatal para criminalizar a las víctimas y disidentes, asegurando la impunidad de los agresores.

 * Capital Político del Terror: Permitir que grupos armados se apoderen de tierras y ejerzan control territorial a través del miedo otorga a estos grupos un poder fáctico que, históricamente, se ha intercambiado por apoyos políticos o control electoral. Este es el ángulo más oscuro de la impunidad: la tolerancia del crimen como herramienta de control de un territorio.

            El Impacto Humano Inevitable: Vidas Trastocadas y la Justicia Negada

Para los habitantes de Buenavista y los ejidos aledaños, la política dejó de ser una promesa de bienestar para convertirse en una amenaza tan real como el convoy de hombres armados:

 * Desplazamiento Forzado: Muchas familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares, sus cultivos y su vida entera para salvar la vida. Este desarraigo forzado no solo es una pérdida material, sino una herida identitaria profunda.

 * Trauma Colectivo: Las imágenes de ver a sus vecinos, familiares o jornaleros ejecutados, sumado al constante miedo a los disparos, genera un trauma psicosocial que perdurará por generaciones. La sensación de haber sido abandonados por el Estado agrava la herida.

 * La Impunidad como Sentencia: La falta de acceso a la justicia y el intento de Leal Moncada de desviar la culpa no solo es cínico, sino que revictimiza a los sobrevivientes. Mientras los responsables no paguen por los crímenes de sangre y despojo, la vida en el ejido no podrá sanar ni reconstruirse.

El caso Buenavista es un claro ejemplo de la doble victimización: la de los criminales que matan y despojan, y la de los políticos que, con su silencio y acción sesgada, garantizan que esa impunidad se consolide. La exigencia de justicia no es solo para castigar a los perpetradores de la Columna Armada, sino para juzgar la responsabilidad política de quienes permitieron que el terror se institucionalizara en Tamaulipas.

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