7 años en que el gobierno mexicano entregó el periodista Néstor Troncoso al grupo de asesinos de la columna armada, hoy la historia se vuelve a repetir, los asesinos lo buscan como perros de casa.
El periodismo en México agoniza bajo una promesa rota. Mientras el discurso oficial insiste en la existencia de mecanismos institucionales para garantizar nuestra labor, la realidad es implacable: la protección prometida es una simulación burocrática, un puñado de papeles archivados en el fondo de un escritorio y un botón de pánico que reduce la vida a un desesperado llamado de auxilio. Solo tras el persistente regateo de organizaciones internacionales y el ruego de las propias víctimas, el Estado cede a otorgar medidas complementarias; concesiones tardías que, en ningún momento, garantizan la integridad del periodista ni la de su familia.
Esta no es la primera vez que enfrento la furia de los grupos criminales o el asedio del poder político. No es la primera vez que mi integridad física y moral es violentada, ni la primera ocasión en que el crimen organizado le pone precio a mi cabeza. No son conjeturas: los hechos están a la vista de todos, y ha sido el propio grupo de la columna armada quien lo ha manifestado públicamente.
Lo verdaderamente ultrajante es que tampoco es la primera vez que el gobierno me entrega a mis verdugos o me deja a su merced.
El 31 de mayo de 2019, portando las medidas cautelares del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, estuve a punto de perder la vida a manos de los sicarios de la columna armada. Aquel día, fue la propia autoridad federal quien me condujo hacia ellos.
Hoy, la historia se repite con un eco macabro. Siete años después, la persecución no ha dado tregua. Mi voz sigue siendo incómoda para el crimen porque insiste en señalar sus atrocidades, en evidenciar sus delitos y en forzar a las autoridades federales a emitir órdenes de aprehensión que, trágicamente, terminan durmiendo el sueño de los justos en el cajón del olvido.
No puedo culpar únicamente al sicario o al cartel que hoy planea mi ejecución y ofrece dos millones de pesos por mi vida. El verdadero horror radica en la complicidad implícita: es evidente que el gobierno les ha facilitado la información necesaria para rastrear mi ubicación.
Frente a la inminencia del peligro y el desamparo institucional, la tibieza ya no es una opción. Desde este momento, hago responsable al Estado mexicano de cualquier atentado contra mi integridad física y la de mi familia. Si el silencio es el destino que nos deparan, que quede constancia de quiénes firmaron la sentencia de muerte.
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