Cómo Néstor Troncoso Fue Sacrificado en Buena Vista Mientras sus Agresores Eran Protegidos”
EL ESTADO QUE TRAICIONA
La Recomendación 181/2022 expone algo más profundo que una cadena de omisiones: revela un ecosistema de poder donde la violencia contra periodistas y comunidades vulnerables no sólo ocurre con la tolerancia del Estado, sino con su participación activa. El caso de Néstor Troncoso no es un accidente administrativo ni un error operativo; es un espejo de cómo se ejerce el poder en regiones donde la ley se subordina a intereses locales, pactos tácitos y silencios institucionales.
El 31 de mayo de 2019, el periodista Néstor Troncoso llegó al Ejido Buena Vista para documentar y aliviar una crisis humanitaria que las autoridades habían decidido ignorar. Lo hizo avisando con anticipación al Mecanismo Federal de Protección, confiando en que el Estado cumpliría su obligación mínima: no dejarlo solo.
Pero el Estado no sólo lo dejó solo. Lo condujo directamente hacia la agresión.
El comandante AR1, representante de la Policía Federal de nombre Lazaro Jimenez Garcia, le aseguró protección. Minutos después, frente a una multitud organizada por P15, lo negó, se retiró y lo dejó a merced de quienes lo golpearon, lo desnudaron, lo amenazaron de muerte y lo mantuvieron privado de la libertad. Todo esto ocurrió mientras elementos federales y militares observaban sin intervenir.
La escena es brutal no sólo por la violencia, sino por el mensaje: la autoridad no sólo se ausenta, sino que entrega.
La Recomendación documenta que:
- El Mecanismo de Protección ignoró avisos, correos y llamadas.
- La Policía Federal incumplió su deber de cuidado y actuó como facilitadora del riesgo.
- La SEDENA presenció la agresión sin actuar.
- La Fiscalía de Tamaulipas operó con negligencia sistemática: retrasó diligencias, omitió pruebas, dejó fuera a responsables identificados y archivó indebidamente una carpeta.
- Ninguna autoridad estatal impulsó el desafuero de P15, pese a las pruebas directas de su participación.
- Once órdenes de aprehensión siguen sin ejecutarse desde 2020.
El expediente muestra que la violencia no fue el único crimen: también lo fue la protección institucional a quienes la ejercieron.
BUENAVISTA UNA COMUNIDAD SITUADA Y SILENCIADA
El caso no puede entenderse sin el contexto: Buena Vista vivía bajo un cerco impuesto por un grupo armado que controlaba alimentos, agua, electricidad y tránsito. La visita de Troncoso buscaba romper ese aislamiento. La agresión colectiva fue un acto de control territorial, pero también un acto político: impedir que la verdad saliera del ejido.
La CNDH reconoce que la comunidad estaba secuestrada. Lo que no dice explícitamente, pero se desprende de los hechos, es que ese secuestro ocurrió con la complicidad de autoridades locales y la indiferencia de las federales.
LA JUSTICIA QUE NO LLEGA
Han pasado años desde los hechos. La Recomendación está emitida. Las pruebas están integradas. Los responsables están identificados. Las órdenes de aprehensión existen.
Lo único que falta es voluntad.
La justicia mexicana ha demostrado que puede moverse con rapidez cuando se trata de proteger intereses políticos. Pero cuando se trata de proteger a un periodista agredido, o a una comunidad sitiada, la maquinaria se detiene, se oxida, se hunde en trámites interminables y silencios convenientes.
La deuda con Néstor Troncoso sigue abierta. No sólo porque los responsables no han sido llevados ante la justicia, sino porque las instituciones encargadas de investigar y proteger han optado por enterrar el caso, diluir responsabilidades y proteger a quienes participaron en la agresión y en el secuestro de la comunidad de Buena Vista.
La impunidad no es un accidente: es una decisión.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario