DESAPARICIÓN COMO POLÍTICA DEL ESTADO MEXICANO

México y la desaparición como política de Estado: cuando el silencio se administra

Por Néstor Troncoso González

En México, la desaparición ya no es solo un crimen: es un lenguaje. Un lenguaje oscuro que el Estado ha aprendido a modular, a suavizar, a maquillar. Un lenguaje que convierte la ausencia en trámite, el dolor en estadística y la búsqueda en sospecha. Hoy, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, asistimos a una mutación inquietante: la desaparición ya no se combate, se administra. Y en esa administración, el Estado ha encontrado una forma más sofisticada de impunidad.

SE MAQUILLAN LAS CIFRAS DE DESAPARECIDOS

La nueva estrategia gubernamental presume una baja en las cifras. Pero la pregunta ética —la única que importa— es otra: ¿baja de cuerpos o baja de nombres? Porque cuando un país decide que la verdad puede ajustarse con nomenclaturas, deja de buscar personas y empieza a buscar excusas.

La reclasificación de “desaparecido” a “no localizado” es más que un tecnicismo. Es un acto filosófico: una operación sobre el ser. El Estado decide que alguien deja de ser víctima porque así lo dicta un formulario. Decide que la violencia se evapora porque un burócrata cambió una casilla. Decide que la realidad es negociable. Y cuando la realidad se vuelve negociable, la justicia se vuelve imposible.

Los colectivos lo han dicho con una claridad que desarma: no están encontrando personas; están encontrando pretextos. Y en esa frase se condensa la tragedia de un país que ha confundido la verdad con la contabilidad.

Mientras tanto, quienes buscan —las madres, los hermanos, los hijos— siguen excavando con las manos, con la intuición, con la memoria. Y quienes deberían acompañarlos —policías, peritos, agentes— trabajan en condiciones que rozan lo inhumano: sin gasolina, sin reactivos, sin equipo, sin respaldo. La búsqueda se ha vuelto un acto de autofinanciamiento moral. El Estado exige heroísmo a quienes no les da ni siquiera herramientas.

La pregunta que flota, inevitable, es la que nadie en el poder quiere responder: ¿dónde está el dinero? ¿En qué rincón de la burocracia se extravió el presupuesto que debía sostener la búsqueda, la ciencia forense, la investigación? ¿En qué oficina se diluyó la responsabilidad? ¿En qué discurso se escondió la verdad?

Porque mientras el gobierno celebra “localizaciones” basadas en cruces de datos —una vacuna, un trámite bancario, un registro fiscal—, los servicios forenses acumulan más de 52,000 cuerpos sin nombre. Es una paradoja cruel: el Estado presume vivos que no ha visto, mientras ignora muertos que no quiere reconocer.

La desaparición, en México, se ha vuelto un espejo. Un espejo que devuelve la imagen de un país que teme mirar su propio abismo. Un país que prefiere ajustar cifras antes que ajustar conciencias. Un país que ha aprendido a convivir con la ausencia como si fuera un clima, un paisaje, una costumbre.

Pero la filosofía —esa vieja disciplina que nos enseña a mirar lo que duele— nos recuerda algo esencial: lo que se nombra existe, y lo que se borra también grita. Cada nombre reclasificado es una vida que el Estado intenta desplazar hacia la penumbra. Cada cifra maquillada es un acto de violencia simbólica. Cada expediente que cambia de categoría es una forma de decirle a una madre que su hijo no merece la verdad.

La búsqueda, entonces, se convierte en un acto de resistencia ontológica. Buscar es afirmar que alguien existió, que alguien importa, que alguien no puede ser reducido a un algoritmo. Buscar es sostener la humanidad frente a un Estado que la diluye. Buscar es, en última instancia, un gesto de amor más fuerte que la estadística.

Por eso este editorial no es solo una denuncia. Es un recordatorio: la verdad no se negocia. La justicia no se maquilla. La memoria no se reclasifica. Y ningún gobierno, por poderoso que sea, puede convertir la ausencia en un trámite sin que la historia lo juzgue.

Porque un país que maquilla a sus desaparecidos está, en realidad, maquillando su propia vergüenza.