La fotografía que revela el orden real del poder en Tamaulipas
La defensa de los derechos humanos no se ejerce únicamente en los tribunales o en las calles. También se ejerce en la interpretación pública de los actos de poder. Y en Tamaulipas, una imagen reciente obliga a examinar con seriedad la coherencia del Estado y la naturaleza de sus alianzas.
Durante la inauguración de la Virgen del Chorrito, el gobernador Américo Villarreal posó en un acto oficial junto a individuos que cuentan con órdenes de aprehensión por delitos graves, entre ellos secuestro y hechos vinculados al conflicto que ha marcado a la comunidad del ejido Buena Vista. No se trata de una fotografía casual ni de un gesto improvisado. Es un acto institucional que comunica pertenencia, legitimación y respaldo.
En un estado donde ciudadanos han sido perseguidos por defender su territorio, donde líderes comunitarios han sido asesinados sin que exista una investigación exhaustiva, y donde la justicia se ha aplicado de manera selectiva, esta imagen adquiere un peso político y ético que no puede minimizarse. La fotografía no solo exhibe cercanía: normaliza la impunidad.
Un defensor de derechos humanos no puede leer esta escena como un episodio aislado. Debe situarla en el patrón más amplio que ha caracterizado la relación entre el poder estatal y la violencia en la región. Cuando la autoridad se muestra públicamente con quienes la ley señala como responsables de delitos graves, el mensaje hacia la ciudadanía es claro: la justicia no es un principio, sino un recurso que se administra según conveniencias.
La función del Estado es proteger a la población, no enviar señales ambiguas que debiliten la confianza pública. En un territorio marcado por la violencia, cada gesto institucional tiene consecuencias. Y esta fotografía, difundida desde el propio aparato gubernamental, establece un orden simbólico que contradice la esencia misma del cargo.
A partir de esta evidencia, las conclusiones son inevitables:
- Un Estado que selecciona a quién perseguir y a quién proteger deja de ser Estado.
- La justicia no puede depender de la cercanía al poder.
- Cuando la autoridad se fotografía con presuntos responsables, envía un mensaje inequívoco: la ley es negociable.
La gobernabilidad no se sostiene con imágenes religiosas ni con discursos de unidad. Se sostiene con coherencia, con legalidad y con distancia ética frente a quienes representan una amenaza para la comunidad. Cuando el poder se alinea con quienes la ley persigue, la ciudadanía queda expuesta y la estructura institucional se debilita.
La defensa de los derechos humanos exige claridad, no confrontación. Exige autoridad moral, no estridencia. Y exige recordar que la legitimidad del Estado se construye en cada acto público, en cada silencio y en cada compañía que decide exhibir.
En Tamaulipas, esta fotografía no solo muestra una cercanía inconveniente: muestra el verdadero orden de prioridades del poder.
