Varias personas actualmente se encuentran pagando una pena en un reclusorio por delitos que no cometieron, lo único que hicieron fue denunciar las atrocidades que estaba cometiendo el grupo delictivo de la columna armada.
🖋️ POR: Néstor Troncoso
Hay momentos en que una región deja de parecer un territorio y se convierte en un síntoma. Tamaulipas, en ciertos rincones como el municipio de Hidalgo, ya no describe una geografía sino una maquinaria: engranes de miedo, operadores jurídicos disciplinados por la conveniencia, y una narrativa oficial que prefiere mirar hacia otro lado. En ese paisaje, la llamada columna armada funciona no solo como un grupo delictivo, sino como una estructura paralela de gobierno, justicia y castigo.
Diversas voces señalan que este grupo mantiene órdenes de aprehensión tanto del fuero común como del federal, y sin embargo opera con una libertad que muchos interpretan como impunidad. Algunas personas atribuyen esta situación a la protección política que, según señalamientos públicos, habría permitido su expansión y su blindaje. No es un secreto que en Tamaulipas abundan historias donde denunciar equivale a firmar una sentencia: destierro, despojo o muerte. En ese contexto, el silencio no es cobardía, es supervivencia.
⚖️ LA LEY TORCIDA COMO HERRAMIENTA DE PODER.
En este ecosistema, los abogados vinculados al grupo delictivo —según múltiples testimonios locales— han aprendido a convertir la ley en plastilina. No la interpretan: la moldean. No la aplican: la negocian. Y en esa negociación entran jueces, ministerios públicos y policías de investigación que, de acuerdo con denuncias ciudadanas, participan en la manipulación de carpetas, la siembra de pruebas y la fabricación de delitos a la carta.
La figura del juez de control, que debería ser un contrapeso, aparece en estas narrativas como un engrane más. Algunos sectores críticos sostienen que ciertos jueces actúan con respaldo político, lo que les permite operar con una audacia que en cualquier otro contexto sería impensable: fotografías con actores delictivos, resoluciones que desafían la lógica jurídica y una aparente inmunidad ante cualquier señalamiento.
👥 TESTIGOS AL AZAR, CULPABLES PREDETERMINADOS.
El mecanismo es perverso por su sencillez. En municipios donde la columna armada ejerce control territorial, los testigos no se buscan: se seleccionan. Personas comunes, sin relación con los hechos, son obligadas —según denuncias locales— a declarar, señalar y sostener versiones prefabricadas. La justicia se convierte así en teatro, y el juicio en una representación donde el veredicto ya está escrito.
El resultado es devastador: hombres y mujeres pagando condenas por delitos que no cometieron, mientras los verdaderos responsables continúan operando. Homicidios, secuestros, desapariciones… imputados a quien convenga, no a quien corresponda. La tragedia no es solo jurídica: es humana, histórica y comunitaria.
🏛️ LA PREGUNTA QUE QUEDA SUSPENDIDA
La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas ha impulsado sanciones más severas contra quienes mientan ante una autoridad. Una medida que, en teoría, debería fortalecer la integridad del sistema. Sin embargo, en la percepción de muchos ciudadanos, estas sanciones no parecen aplicarse cuando los falsos testimonios benefician a la columna armada.
¿POR QUE?
La pregunta flota, incómoda, como un espejo que nadie quiere mirar. Y quizá ahí reside el verdadero problema: en Tamaulipas hay verdades que no se niegan… simplemente no se pronuncian. Américo Villarreal ha puesto sus servicios un sistema corrompido para torcer la ley a su conveniencia, otorgando el nombramiento de un nuevo fiscal carnal y de una magistrada que, desde sus inicios, ha sido señalada por sus vínculos con la columna armada.

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