Comunidades completas desplazadas en varias partes del país y el gobierno sigue sin hacer valer el estado de derecho, prefiere que los grupos criminales sean quiénes tomen la decisión sobre la vida de las personas.
Una año desde que inició la tragedia para las más de 140 familias desplazadas de Tierra Blanca Copala en la Mixteca baja de Oaxaca
POR: Yaneli Fuentes.
El 26 de diciembre fue asesinado Andrés Martínez y sus hijos menores de 10 años resultaron heridos.
Dos días después la comunidad fue atacada y las familias tuvieron que huir refugiándose en la comunidad de Yosoyuxi. Mientras que una comisión en la que se encontraba el líder Marco García de Jesús se reunía con autoridades de secretaria de gobierno del Estado de Oaxaca para exigir un retorno seguro a casa.
A la salida de esa reunión, Marco García de Jesús fue detenido por agentes ministeriales que lo acusan de Homicidio, delito fabricado por el poder judicial del Estado que se encuentra al servicio de grupos paramilitares, según lo señalan los Desplazados.
Aunque se planteó el posible retorno de los Desplazados, este fue un fracaso por la mala implementación de la seguridad y de un plan de retorno que garantizara la permanencia de las familias en sus hogares.
4 días después del retorno, las familias fueron atacadas nuevamente y más de 80 personas entre mujeres y niños, permanecieron 5 días y medio retenidas sin poder acceder a alimentos, agua ni luz para cargar sus teléfonos celulares para pedir auxilio.
Dos masculinos que intentaron escapar del encierro, fueron atrapados y descuartizados.
Una señora junto a su pequeña hija que intentó huir, en la travesía se lesionó y permaneció en el monte junto a su niña y su perrita por 5 días y medio sin alimentos ni agua, asustadas por los peligros que supone estar en medio del monte sin poder moverse.
La comunidad Triqui que se encuentra en diferentes estados de la República y los que s encuentran en el extranjero se organizaron junto a colectivos y organizaciones para llevar a cabo protestas en exigencia a la liberación de las personas retenidas.
Cuando la Policía Estatal y la Guardia Nacional se aproximaban a la comunidad a rescatarlos, el grupo paramilitar MULT (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui) fue a sacarlos de la casa con armas en mano, exigiendo que salieran y se fueran del pueblo. Esto para evitar que la Policía Estatal y la Guardia Nacional pudiera ver las condiciones en que les tenían.
Desde el 23 de enero, han sido 11 meses que los Desplazados de Tierra Blanca se encuentran en un plantón sobre Eje Central y Avenida Juárez en exigencia de un retorno seguro a casa, justicia para sus asesinados y libertad por sus presos políticos.
Lastimosamente el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal no asumen su responsabilidad y no han planteado un plan de retorno que garantice la vida y la integridad de estás personas.
Los acuerdos que les han propuesto han sido de burla y humillación al pedirles que pacten la paz con sus agresores, intentando que las víctimas acepten las condiciones de sus agresores para poder regresar a casa.
Concretamente, el Estado Mexicano quiere que las víctimas se apeguen a las condiciones de los agresores y solo así podrán regresar a sus hogares.
¡Tierra Blanca no se vende, Tierra Blanca no se da. Tierra Blanca se defiende, con valor y dignidad!
En los hechos no existe autoridad que ponga orden en las zonas donde existe el desplazamiento forzado, no existe el acceso a la justicia y por lo tanto tampoco puede existir La Paz, la crisis de Derechos Humanos en México no se puede arreglar con besos y abrazos sino haciendo valer el estado de derecho.
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