ELEMENTOS DE LA PDI
CUMPLIMENTARON OTRA ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA JAVIER DUARTE
El ex gobernador de Veracruz fue
puesto en prisión preventiva por la supuesta participación en el caso de 19
personas víctimas de desaparición forzada; actualmente.
Este lunes 6 de diciembre, elementos de la Policía de Investigación (PDI), adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), cumplimentaron una nueva orden de aprehensión contra Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz.
El cumplimiento de la orden de detención fue
un trabajo realizado en colaboración con la Fiscalía General del Estado
de (FGE) Veracruz, misma que investiga la responsabilidad del ex mandatario
local en un caso de desaparición forzada. Al tratarse de un delito grave, se
determinó que el ex priista, de 48 años, permanecerá en prisión preventiva
oficiosa como medida cautelar.
A través de un comunicado
oficial, la PDI informó a la opinión pública que la carpeta de investigación
refiere que “el aprehendido posiblemente esté relacionado con el
hallazgo de los restos de 19 personas, en enero de 2016, en una barranca
conocida como La Aurora, municipio Emiliano Zapata, estado de Veracruz,
a escasos metros de la academia de policía”.
De acuerdo con la indagatoria
iniciada por la FGE de Veracruz, como gobernador, Duarte de Ochoa posiblemente
estaría relacionado con la desaparición y manipulación de información sobre las
19 personas halladas durante su mandato y que fueron identificados el 4 de
abril de 2018.
Por su cuenta, la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó
que la notificación se realizó al interior del Reclusorio Preventivo
Varonil Norte; sin embargo, Duarte se negó a firmar la notificación de la
fiscalía veracruzana, por lo que se solicitaron videograbaciones para que se
constatara la notificación de la orden de aprehensión.
Cabe recordar que los casos
promovidos por las autoridades mexicanas contra Javier Duarte,
hasta antes de esta notificación, estaban relacionados a conductas delictivas
referentes a su presunta responsabilidad en actos de corrupción y desvío de
recursos. Esto quiere decir que la sentencia que pudiera obtener por el delito
de desaparición forzada, se añadiría a los procesos de peculado,
peculado agravado y delito electoral.
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